Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional luego de que el Senado destituyera al presidente Santiago Peña mediante un juicio político. Horas después de la decisión legislativa, la Policía Nacional informó que el exmandatario quedó detenido en su domicilio de Asunción por orden de la Fiscalía. En tanto, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo jefe de Estado y anunció medidas para asistir a los ahorristas afectados por la crisis financiera de Ueno Bank.

La fiscal Silvia Margarita González Vester informó que Peña permanecerá bajo arresto domiciliario hasta el sábado por la mañana, cuando deberá ser trasladado a la Fiscalía para prestar declaración. La investigación apunta a presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, en el marco de las denuncias vinculadas con la situación de la entidad bancaria.

La destitución fue aprobada con el voto de los 44 senadores presentes. De esta manera, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente paraguayo de la historia reciente en ser apartado del cargo mediante un juicio político, después de Fernando Lugo, quien gobernó entre 2008 y 2012.

El ahora exmandatario había perdido el respaldo del gobernante Partido Colorado y no se presentó ante el Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente. En su lugar, delegó su representación en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes expusieron su defensa técnica y jurídica.

La decisión del Senado provocó fuertes reacciones en las calles de Asunción. Tras conocerse la destitución, se escucharon cánticos contra Peña y bocinazos en el centro de la capital. Cientos de manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas con pancartas que reclamaban la devolución de los ahorros y la salida del mandatario.

El origen de la crisis está relacionado con la situación de Ueno Bank, luego de que el Banco Central de Paraguay ordenara un procedimiento de resolución de la entidad. La institución tenía alrededor de 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y había recibido millonarios recursos de organismos públicos durante la gestión de Peña.

El cierre de la entidad generó preocupación entre miles de ahorristas que denunciaron dificultades para acceder a sus fondos. Entre los afectados se encuentran unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, una de las principales cajas de pensiones del país.

Durante el juicio político, los diputados que actuaron como acusadores denunciaron pérdidas cercanas a los 1.200 millones de dólares y responsabilizaron al exmandatario por el manejo de la crisis. En sus intervenciones, calificaron el caso como uno de los mayores escándalos económicos del país y solicitaron que Peña fuera declarado culpable.

El senador opositor Rafael Filizzola describió el vaciamiento de la entidad como el mayor escándalo de corrupción de la etapa democrática paraguaya. También cuestionó los argumentos de la defensa presidencial, que había planteado la supuesta nulidad del procedimiento.

Por su parte, el oficialista Gustavo Leite acusó a Peña de haber traicionado a los paraguayos y reclamó que la destitución se concretara con deshonra. El exmandatario había continuado en el cargo luego de que el Congreso no consiguiera reunir el quórum necesario para tratar la renuncia que había presentado el jueves.

Antes de la votación, Peña había explicado en su cuenta de X que su decisión de renunciar buscaba evitar un mayor daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad. También sostuvo que no quería que su permanencia en el cargo profundizara la división y la inestabilidad política.

La destitución también tiene consecuencias sobre su situación institucional. El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a un juicio político y declarados culpables. Esa condición les otorga fueros y protección frente a procesos penales, por lo que Peña perdió ese beneficio tras su remoción.

Pedro Alliana asumió y prometió compensar a los ahorristas

Tras la destitución, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay en una sesión extraordinaria del Congreso. El titular del Legislativo, Basilio Núñez, le impuso la banda y el bastón de mando presidencial. En su primer mensaje al país, el flamante mandatario se comprometió a dar una respuesta a las personas perjudicadas por la crisis financiera.

Alliana aseguró que los ahorristas afectados recibirán una compensación y afirmó que el Estado no los dejará solos. También ordenó poner en marcha acciones inmediatas para resarcir a los damnificados, con prioridad para los sectores más vulnerables.

El nuevo presidente pidió resultados concretos a los funcionarios encargados de esa tarea y sostuvo que no quiere personas que actúen con tibieza frente a la situación. La recuperación de los fondos y la asistencia a los afectados quedaron así entre los principales desafíos de su gestión.

Alliana permanecerá en el cargo hasta agosto de 2028 y adelantó que concentrará su gobierno en los problemas internos del país. En ese sentido, pidió a sus ministros limitar los viajes al exterior y realizarlos únicamente cuando exista una razón impostergable.

Poco después de la asunción presidencial, Antonio Barrios prestó juramento como nuevo vicepresidente. Antes había dejado su banca como senador del oficialismo para asumir la segunda función ejecutiva del país.