Legisladores de la oposición presentaron un amparo para frenar la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), al considerar que el Gobierno de Javier Milei pretende entregar una empresa estratégica a un precio muy inferior a su valor real y mediante un procedimiento marcado por la falta de transparencia.

La presentación fue realizada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, y los senadores Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Además, se presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

El consorcio integrado por Rowing S.A., Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua quedó primero en la licitación para adquirir el 90 por ciento de las acciones de AySA, con una oferta de 340 millones de dólares.

Ese monto fue cuestionado por los legisladores y por especialistas. El economista Jorge Carrera recordó que en 1999 se habían pagado 400 millones de dólares por Obras Sanitarias de la Provincia, una suma que actualmente equivaldría a cerca de 800 millones de dólares. La comparación expone la pérdida de valor que, según los denunciantes, el Gobierno impuso a una compañía que administra un servicio esencial para millones de personas.

El amparo también cuestiona que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, haya mantenido en reserva la tasación oficial de AySA. La Comisión Bicameral solicitó acceder a los informes y trámites internos, pero el titular del organismo, Diego Martín Chaher, rechazó el pedido al invocar la Resolución ATEP 1/2026, dictada el 1° de abril y no publicada en el Boletín Oficial.

Los legisladores sostienen que esa decisión impide el control del Congreso y de la ciudadanía sobre una operación que afecta directamente el patrimonio público. La demanda quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3, a cargo de Santiago Ricardo Carrillo.

La presentación judicial denuncia que el Gobierno apartó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, un organismo autárquico encargado de intervenir en la valuación de bienes estatales, y derivó el procedimiento al Banco de Inversión y Comercio Exterior o a entidades privadas.

De acuerdo con el planteo de los amparistas, la valuación fue realizada mediante el método de Flujo Neto de Fondos Descontados, un criterio que calcula el precio a partir de ganancias futuras estimadas y que, según advirtieron, puede generar una subvaluación de los activos públicos.

El mismo mecanismo, según la denuncia, fue aplicado en otros procesos de privatización y concesión impulsados por el Gobierno, entre ellos las centrales hidroeléctricas del Comahue y las empresas vinculadas con la generación nuclear.

Los legisladores alertaron que adjudicar AySA sin hacer pública la tasación oficial provocaría un daño irreversible sobre el patrimonio nacional. También remarcaron que el valor de una empresa estatal estratégica no puede ser considerado un secreto comercial frente al Congreso ni frente a la sociedad.

La privatización se produce después de un fuerte aumento de las tarifas de agua. Desde noviembre de 2023 hasta marzo de este año, las facturas de AySA subieron un 538 por ciento. Esa suba permitió que la empresa registrara un resultado financiero positivo superior a 41.000 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, pero no se tradujo en una mejora de la infraestructura ni en la ampliación de la red de agua y cloacas.

Por el contrario, las obras de saneamiento quedaron paralizadas. Según un informe del Instituto Argentina Grande, en diciembre de 2023 había 273 obras en ejecución incluidas en el Mapa de Inversiones. Hasta mayo del año siguiente, ninguna había registrado avances físicos, mientras que el gasto de capital de AySA cayó un 75 por ciento en términos reales desde el cambio de gestión.

El abandono de las obras afecta a una población que todavía enfrenta graves deficiencias en el acceso a los servicios básicos. En la Argentina, 965.216 hogares, equivalentes al 6,1 por ciento del total, no cuentan con agua dentro de la vivienda por cañería.

El aumento tarifario también incrementó las dificultades de pago. El concepto “cuentas incobrables” fue el único rubro de gastos de AySA que aumentó desde el cambio de gestión, con una suba real del 89,3 por ciento. Además, la cantidad de usuarios con demoras en el pago de sus facturas llegó a 488.978 durante 2026, un 33,6 por ciento más que en 2023.

La situación se vuelve todavía más grave porque el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025 habilitó al futuro concesionario a cortar el servicio por falta de pago. La norma establece que el corte puede concretarse cuando exista una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para usuarios no residenciales, contados desde el segundo vencimiento.

La posibilidad de interrumpir el suministro de agua convierte la privatización en una amenaza directa para miles de familias que no pueden afrontar facturas cada vez más elevadas. El agua no es un servicio de lujo ni un bien comercial más: es un derecho humano básico y un recurso indispensable para la vida.

Mientras el Gobierno presenta la privatización como una supuesta solución para mejorar la eficiencia, los hechos muestran otra cosa: primero aumentó las tarifas, redujo la inversión, paralizó obras y convirtió a AySA en una empresa superavitaria. Luego avanzó con su venta a un consorcio privado por 340 millones de dólares y ocultó la tasación oficial que debería permitir controlar si el precio es razonable.

Los legisladores también cuestionaron los vínculos empresariales de algunos de los adjudicatarios. Rowing S.A., una de las firmas que integra el consorcio ganador, pertenece a Walter Román. La familia Román también participa en la concesión de la Vía Navegable Troncal mediante la empresa Servimagnus, vinculada con Leonardo Román.

La operación concentra así dos características centrales de la política privatizadora del Gobierno: la entrega de activos estratégicos a grupos privados y el ocultamiento de información clave para impedir el control público. La falta de publicación de la resolución que declara reservadas las tasaciones agrava las sospechas y debilita los principios básicos de transparencia y control republicano.

En su presentación, los amparistas sostuvieron que la reserva impuesta por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas es arbitraria e ilegal porque se apoya en una norma que no fue publicada oficialmente. También señalaron que esa decisión impide el funcionamiento adecuado de la Comisión Bicameral y obstaculiza la división de poderes.

El Gobierno avanza con la privatización de AySA después de haber trasladado el costo del ajuste a los usuarios y de haber abandonado obras indispensables de agua y saneamiento. Ahora busca desprenderse de una empresa pública estratégica sin informar cuánto vale realmente y bajo qué condiciones será entregada.

La Justicia deberá resolver si permite que la operación continúe o si ordena suspenderla hasta que el Gobierno haga públicos los informes de tasación y garantice el control de los organismos correspondientes. Mientras tanto, la privatización queda bajo una fuerte acusación: convertir un derecho humano en un negocio privado y entregar el patrimonio estatal sin transparencia, sin inversión y a un precio que los denunciantes califican como irrisorio.