El Gobierno de Javier Milei comprometió casi la totalidad de las reservas de oro de la Argentina en una operación financiera que terminó con una pérdida de 1.023 millones de dólares. A pesar de la gravedad del resultado, el Banco Central continúa sin explicar con precisión qué ocurrió con el metal, dónde se encuentra y si las onzas comprometidas ya volvieron a estar disponibles.

La maniobra involucró 1.790.000 onzas troy de oro sobre un total de 1.900.000, es decir, el 94 por ciento de las reservas argentinas. No se utilizó solamente el oro trasladado a Londres: también se comprometieron certificados correspondientes a las reservas que permanecían en las bóvedas del Banco Central.

La operación se realizó mediante el sistema conocido como REPO, un acuerdo de recompra respaldado con activos. Para llevarla adelante, el Gobierno puso en juego certificados correspondientes a unas 600.000 onzas depositadas en Londres y a otras 1.190.000 onzas que permanecían en la Argentina.

El resultado fue contundente. La Argentina perdió 1.023 millones de dólares en una operación que se presentó como una herramienta financiera, pero que terminó perjudicando directamente el patrimonio del Estado. La Auditoría General de la Nación calificó el resultado como una pérdida extraordinaria y señaló que nunca se había registrado un quebranto de semejante magnitud desde que se auditan los estados contables del Banco Central.

La pérdida se produjo porque el contrato de recompra se pactó a un valor inferior al que alcanzó el oro en el mercado internacional. El 31 de diciembre de 2024, la onza cotizaba a 2.624 dólares. Un año después, su valor llegó a 4.331 dólares, con un incremento del 65 por ciento. Para cubrir la diferencia, la Argentina debió desembolsar 960 millones de dólares, a los que se sumaron otros 63 millones correspondientes a una póliza de seguro.

Mientras el precio internacional del oro aumentaba y elevaba el valor nominal de las reservas, la operación financiera ejecutada por el Gobierno provocaba el efecto contrario. La suba del metal generó una valorización contable, pero la maniobra impulsada por el Banco Central produjo una pérdida concreta de 1.023 millones de dólares. No fue un simple movimiento contable: el Estado tuvo que pagar la diferencia.

Los números permiten dimensionar el costo de la decisión. Al finalizar 2024, la Argentina tenía oro valuado en 4.696 millones de dólares. Si las reservas hubieran permanecido en las bóvedas del Banco Central, el aumento del precio internacional habría elevado su valor hasta unos 7.752 millones de dólares al cierre de 2025. Sin embargo, terminaron valuadas en 6.729 millones debido al resultado de la operación.

La conducción del Banco Central intentó presentar el balance general como positivo, amparándose en el incremento del precio internacional del oro. Ese argumento no responde al problema central. Las reservas se habrían valorizado de todos modos, aunque el oro no hubiera sido utilizado como respaldo financiero. La ganancia por la suba del metal no borra la pérdida provocada por la operación.

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, tampoco brindó explicaciones claras ante el Senado. Afirmó que el oro había sido enviado a Suiza, pero el metal fue trasladado a Londres. También sostuvo que el objetivo era fundir lingotes de baja calidad, aunque solo 115 fueron refundidos sobre un total superior a mil y la pérdida por ese concepto fue mínima.

La explicación oficial omitió además el aspecto principal de la maniobra: el oro fue utilizado para respaldar una operación financiera. Bausili no informó que se habían comprometido los certificados correspondientes al metal enviado a Londres ni que también se había puesto en juego casi la totalidad del oro que permanecía en las bóvedas del Banco Central.

El Gobierno tampoco informó qué ocurrió con las reservas después de la operación. No explicó si las onzas comprometidas volvieron a estar disponibles, si el acuerdo continúa vigente, en qué condiciones se encuentra el oro depositado en Londres ni qué riesgos enfrenta la Argentina por mantener parte de sus activos estratégicos fuera del país.

La falta de transparencia se extiende a la documentación. El Banco Central se negó a entregar a los auditores los papeles que acreditaran el lugar donde se encontraban las reservas. La Auditoría solo pudo acceder a la información a través de una pantalla dentro de la entidad, sin posibilidad de retirar copias ni revisar documentación respaldatoria de manera independiente.

La situación expone una contradicción evidente dentro del propio Gobierno. Por un lado, sus representantes sostienen que no pueden informar dónde está el oro por temor a eventuales embargos de acreedores y fondos buitre. Por otro, un dictamen jurídico interno habría indicado que no existía riesgo porque se trataba de reservas soberanas.

El antecedente de Islandia demuestra que esos riesgos no son una hipótesis remota. En 2008, reservas de oro de ese país depositadas en el Banco de Pagos Internacionales fueron alcanzadas por medidas judiciales durante la crisis bancaria. La Argentina, además, mantiene un conflicto histórico con el Reino Unido por la ocupación de las Islas Malvinas y enfrenta distintos litigios internacionales.

La Auditoría General de la Nación prepara un nuevo informe sobre el destino del oro y la conveniencia de su traslado. Sin embargo, el organismo no podrá evaluar en ese documento todo lo ocurrido durante los últimos meses, ya que el análisis conocido se concentró en los movimientos y resultados correspondientes a 2025.

El Gobierno nacional ya perdió 1.023 millones de dólares, comprometió el 94 por ciento de las reservas de oro y todavía no ofrece una explicación completa sobre el destino del metal. La administración de Milei intentó presentar la operación como una decisión técnica y sus resultados como una ganancia, pero los registros muestran otra realidad: el aumento del precio del oro benefició a las reservas, mientras que la maniobra financiera del Banco Central le hizo perder al país una suma millonaria.

Lo que queda pendiente no es una cuestión menor ni una discusión contable. El Gobierno debe explicar quién autorizó la operación, por qué se utilizó casi todo el oro argentino, cuáles fueron las condiciones del acuerdo y por qué se mantiene el silencio sobre la ubicación y disponibilidad de las reservas. Mientras esas respuestas no aparezcan, la pérdida de 1.023 millones de dólares seguirá siendo el resultado más visible de una gestión marcada por la opacidad, la improvisación y el desprecio por la información pública.