El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés legislativo durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Luego de haber retirado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, el oficialismo también decidió eliminar las reformas previstas para la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de respaldo suficiente para aprobarlas.

Pese a esas concesiones, el proyecto obtuvo media sanción con 37 votos afirmativos y 33 negativos, aunque lo hizo con un texto significativamente reducido respecto de la iniciativa original impulsada por la administración de Javier Milei.

La sesión se desarrolló mientras, en las inmediaciones del Congreso, organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas y políticas protagonizaban una multitudinaria movilización en rechazo a distintos puntos del proyecto. Durante el operativo de seguridad se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas federales, en una jornada marcada por un amplio despliegue policial.

Antes del inicio del debate, el bloque de Unión por la Patria cuestionó que el nuevo dictamen hubiera sido distribuido apenas una hora antes de la sesión y solicitó que el proyecto regresara a comisión para un nuevo análisis. La propuesta fue rechazada por 38 votos contra 31, lo que permitió al oficialismo avanzar con el tratamiento de la iniciativa.

La primera modificación importante había ocurrido horas antes de la sesión, cuando el Gobierno resolvió retirar el capítulo referido a la ampliación de los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, luego de advertir que no contaba con los votos necesarios para sostener esa reforma.

Durante el debate también quedó descartada la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, uno de los aspectos que había generado mayor resistencia entre legisladores de distintas provincias afectadas por incendios forestales en los últimos años.

La iniciativa original proponía eliminar restricciones que impiden modificar el uso de tierras afectadas por incendios durante determinados plazos, una herramienta incorporada para desalentar maniobras especulativas vinculadas al desarrollo inmobiliario o agropecuario sobre superficies incendiadas.

Con el correr de la jornada, distintos sectores de la oposición comenzaron a reunir apoyos para rechazar ese capítulo. Ante la posibilidad de sufrir una nueva derrota en el recinto, el oficialismo optó por retirarlo antes de la votación.

Durante la sesión también se debatieron cuestiones reglamentarias, entre ellas el pedido para habilitar la participación virtual de la senadora Anabel Fernández Sagasti por razones de salud y una impugnación presentada por la senadora Juliana Di Tullio contra Joaquín Benegas Lynch por presunto conflicto de intereses. Ambos planteos fueron resueltos sin alterar el desarrollo del debate.

El proyecto aprobado mantiene, entre otros puntos, modificaciones vinculadas con el régimen de expropiaciones y el procedimiento para los desalojos de inmuebles.

Respecto de las expropiaciones, la iniciativa endurece las condiciones para que el Estado pueda disponer la adquisición compulsiva de bienes privados al elevar los requisitos para acreditar la utilidad pública y ampliar los criterios de indemnización a favor de los propietarios.

En materia de desalojos, el texto incorpora un procedimiento más ágil para la restitución de inmuebles cuando quien reclama acredita, de manera preliminar, un derecho sobre la propiedad. Desde la oposición advirtieron que ese mecanismo podría afectar a inquilinos con dificultades para afrontar el pago de los alquileres, mientras que el oficialismo sostuvo que la medida busca brindar mayor protección al derecho de propiedad.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto continuará ahora su trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, donde volverá a discutirse el alcance de una iniciativa que ya perdió dos de sus capítulos más controvertidos antes de completar su paso por el Congreso.