Diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria y del justicialismo realizaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso para reclamar por la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al cumplirse un año del fallo de la Corte Suprema que derivó en su detención. Los legisladores denunciaron irregularidades en el proceso judicial, rechazaron lo que consideran una proscripción política y cuestionaron las condiciones impuestas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria.

Durante la actividad, los bloques opositores presentaron una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura, en la que solicitaron revisar las condiciones de detención de la exmandataria y poner fin a las medidas que consideran excepcionales y restrictivas.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, sostuvo que las restricciones impuestas a Cristina Kirchner no tienen precedentes en comparación con otros detenidos bajo el mismo régimen. “Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó durante la conferencia.

Martínez vinculó además la situación judicial de la expresidenta con el funcionamiento del sistema democrático argentino. Según expresó, no puede hablarse de una democracia plena cuando existen jueces que, a su criterio, actúan de manera parcial o cuando se limita la posibilidad de que la ciudadanía elija libremente a sus representantes.

El legislador también cuestionó el rol del Poder Judicial en la vida política del país y aseguró que existe un proceso de persecución contra la exmandataria. En ese sentido, llamó al resto de las fuerzas políticas a pronunciarse sobre el tema y advirtió que el silencio frente a estas situaciones podría afectar al conjunto del sistema institucional.

Durante su exposición, Martínez recordó declaraciones recientes del presidente Javier Milei y del expresidente Mauricio Macri, a quienes señaló por referirse públicamente a la situación judicial de Cristina Kirchner. Para el dirigente opositor, esos dichos reflejan una intervención política en un proceso que debería mantenerse dentro del ámbito judicial.

Uno de los principales ejes del reclamo estuvo centrado en las condiciones de detención domiciliaria de la expresidenta. Los legisladores difundieron un informe elaborado a partir de respuestas obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública dirigidos al Consejo de la Magistratura.

Según los datos presentados, de un total de 2.513 personas que cumplen prisión domiciliaria en el ámbito federal, solo una minoría posee restricciones especiales de visitas o utiliza dispositivos de monitoreo electrónico. Los legisladores sostuvieron que las condiciones aplicadas a Cristina Kirchner son considerablemente más estrictas que las observadas en otros casos, incluso entre personas condenadas por delitos graves.

De acuerdo con el informe, la expresidenta puede recibir visitas durante dos horas y únicamente dos días por semana, con un máximo de tres personas por jornada. Para los bloques opositores, estas limitaciones resultan desproporcionadas y constituyen una vulneración de derechos.

Tras la conferencia de prensa, los legisladores entregaron formalmente la presentación ante los organismos judiciales y convocaron a una concentración frente al domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, donde distintos sectores políticos y militantes se movilizaron para respaldar el reclamo.