El conflicto entre el Gobierno nacional y los empresarios del transporte suma tensión y vuelve a impactar de lleno en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, que enfrentan demoras, menor frecuencia y ahora también nuevos aumentos en las tarifas.

A partir del 1 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará un incremento del 5,4 por ciento en los boletos de colectivos bajo su órbita, así como también en el subte y los peajes. Con la actualización, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad alcanzará los 753,74 pesos, mientras que el pasaje de subte llegará a 1490 pesos.

En paralelo, las cámaras empresarias del sector endurecieron su postura y anunciaron que se declaran “en estado de emergencia” ante lo que describen como una falta de definiciones por parte del Estado sobre la cobertura de los costos operativos. Según advirtieron, “la actual situación resulta insostenible” y, de no haber respuestas en el corto plazo, podrían profundizar las restricciones en el servicio.

El escenario se da en medio de un nuevo capítulo por el financiamiento del sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las entidades empresarias reclaman certezas sobre los mecanismos de compensación frente al aumento de costos, especialmente por el alza del precio del combustible, y sostienen que la deuda acumulada supera los 128 mil millones de pesos.

En ese contexto, ambas partes mantienen expectativas sobre una reunión clave prevista para esta semana en la Secretaría de Transporte de la Nación. Desde el sector empresario esperan “recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad”.

El conflicto también coincide con cambios recientes en el área de Transporte dentro del Gobierno. Tras la salida de Carlos Frugoni, Fernando Herrmann asumió en su lugar, mientras que Mariano Plencovich quedó al frente de la Secretaría de Transporte, en un intento de reordenar la gestión en medio de la crisis.

En los hechos, el deterioro del servicio ya es visible. Varias líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires registran interrupciones o funcionamiento reducido, en parte por conflictos salariales. Las empresas habían anticipado que, sin la regularización de los pagos, no podrían afrontar los sueldos de los trabajadores.

El comunicado difundido por las cámaras empresarias —entre ellas la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires— señala que “habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos”.

Además, remarcaron que “la falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo”.

Desde el Gobierno, en cambio, relativizaron la gravedad del anuncio empresario y señalaron que este tipo de advertencias ya se habían expresado en instancias anteriores. Aseguraron que se realizaron pagos y sostuvieron: “Venimos cumpliendo bien y ambas partes estamos de acuerdo que hay que revisar el sistema. Para eso nos juntamos nuevamente: para repasar novedades y trabajar en profundidad en los cambios que hay que hacer”.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los usuarios. En algunas empresas, como Micro Ómnibus General San Martín, el conflicto escaló a medidas de fuerza concretas. Sus trabajadores llevan días de paro en reclamo de salarios adeudados y denuncian pagos en cuotas desde hace más de dos años. “Nos deben un no remunerativo de 120 mil pesos y casi dos meses de viáticos”, explicó uno de los choferes, quien agregó: “Tomamos la decisión de no salir hasta que nos paguen lo adeudado”.

En ese caso, además, la situación se agravó con una intervención judicial que derivó en el secuestro de 42 unidades por falta de pago, dejando a varias líneas sin funcionamiento y a más de 400 trabajadores afectados.

Con tarifas en alza, servicios recortados y un conflicto sin resolución a la vista, el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más críticos, con impacto directo en millones de pasajeros que dependen a diario del servicio.