El conflicto entre el Gobierno Nacional y la cúpula del fútbol argentino alcanzó un punto de quiebre histórico este lunes. El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió suspender toda la actividad oficial programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida de fuerza, sin precedentes por su alcance, afectará a la novena fecha de la Liga Profesional y a todas las categorías del ascenso y divisiones formativas, cuyas jornadas deberán ser reprogramadas.

El inicio del paro coincide exactamente con la fecha en que el presidente de la entidad, Claudio Tapia, debe declarar ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La causa, iniciada el 12 de diciembre pasado tras una denuncia de ARCA, investiga una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El organismo recaudador estima que el monto adeudado supera los 19 mil millones de pesos, señalando una supuesta maniobra concertada que involucra también al tesorero Pablo Toviggino y al director general Gustavo Lorenzo.

Durante la reunión celebrada en el predio de Ezeiza, los dirigentes cerraron filas detrás de la conducción y exhibieron documentación oficial que, según aseguran, demuestra que la institución no registra deudas ni declaraciones juradas pendientes. Bajo esta premisa, sostienen que la causa judicial es una construcción política sin sustento técnico. El presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, fue contundente al abandonar el cónclave afirmando que se ha declarado una guerra contra el fútbol con el único objetivo de forzar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas, modelo que los clubes ya rechazaron por unanimidad.

En el plano judicial, la situación es compleja. Si bien sobre Tapia y Toviggino pesa una prohibición para salir del país, el juez Diego Amarante autorizó de manera excepcional al presidente de la AFA para viajar a compromisos internacionales en Colombia y Brasil tras el pago de una caución de cinco millones de pesos. Sin embargo, el avance de las indagatorias que incluyen a exdirectivos como Víctor Blanco y actuales presidentes como Cristian Malaspina mantiene el clima de tensión al máximo, mientras la pelota permanece detenida como señal de protesta institucional.

Desde la calle Viamonte sugieren que detrás de esta ofensiva judicial no solo se encuentra el Poder Ejecutivo nacional, sino que también señalan presuntas influencias externas vinculadas a intereses comerciales por el manejo de los recursos que genera la Selección Argentina.

La disputa ocurre a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 y representa el capítulo más dramático de una pelea que comenzó con el decreto para transformar los clubes en empresas y que hoy tiene a la justicia penal como principal escenario de batalla.