La Justicia Federal dispuso el embargo y la inhibición general de bienes del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga, del exvice Lucas Llach y de otros 16 exdirectivos de la entidad, en el marco de la causa que investiga el presunto megafraude cometido en favor de la empresa Vicentín durante el gobierno de Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, casi seis años después de iniciada la investigación. El magistrado analiza la existencia de un fraude contra la administración pública a partir del otorgamiento de créditos multimillonarios a la cerealera santafesina cuando ya se encontraba en una situación financiera crítica.

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Según la investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, el Banco Nación habría otorgado a Vicentín créditos por un total de 304.328.665,75 dólares, a pesar de que la empresa no estaba en condiciones de afrontar esas obligaciones. La maniobra habría sido encabezada por González Fraga y Llach, quienes conducían la entidad bancaria en ese período.

El embargo fue ordenado con el objetivo de garantizar una eventual pena de multa y de reparar el daño ocasionado al Estado, en caso de que se dicte una condena. En su resolución, Ercolini señaló que los exfuncionarios y directivos del Grupo Vicentín habrían intervenido en el cobro y la disposición de fondos cuyo destino final continúa siendo incierto.

La causa detalla una serie de créditos y préstamos irregulares que los imputados habrían facilitado a la empresa exportadora, aun cuando el banco carecía de posibilidades reales de recuperarlos. Parte de esos fondos, de acuerdo a la acusación fiscal, habrían sido desviados a cuentas personales de los directivos de la firma y a otros fines ajenos a la operatoria declarada.

Una de las irregularidades más graves se habría producido durante el segundo semestre de 2019, cuando Vicentín acumulaba una importante deuda vencida. Pese a ello, el Banco Nación autorizó transferencias y retiros de la cuenta de garantía de la empresa, en lugar de aplicar esos fondos al cobro de los créditos impagos.

En ese período, siempre según la investigación, se habrían liberado más de 43.449 millones de pesos mediante 125 operaciones, además de otorgarse 28 nuevos préstamos por 105,5 millones de dólares. Para la fiscalía, los funcionarios omitieron considerar que al 7 de noviembre de 2019 Vicentín ya registraba una deuda vencida y exigible de 149,5 millones de dólares, excedida desde al menos julio de ese año.

La resolución judicial se dictó luego de las indagatorias realizadas en noviembre pasado en Comodoro Py, donde declararon 26 imputados. La causa continúa su curso y no se descartan nuevas medidas en una de las investigaciones más sensibles sobre el vínculo entre el Estado y el sector financiero durante el macrismo.