Estados Unidos ejecutó un ataque directo contra Venezuela y concretó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en una operación militar relámpago que duró menos de un minuto. La ofensiva incluyó la violación del espacio aéreo y territorial venezolano, el uso de misiles y tropas especiales, y dejó un saldo de víctimas fatales que, según medios estadounidenses, rondaría las cuarenta personas entre civiles y militares.

El ataque se produjo durante la madrugada, cuando Caracas y otras zonas estratégicas del país fueron sacudidas por explosiones. Además de la capital, resultaron alcanzados el puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote y la localidad de El Volcán, donde funciona una central de comunicaciones clave. Durante horas, amplios sectores quedaron sin electricidad mientras la población se despertaba en medio del estruendo de los bombardeos.

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Donald Trump siguió el operativo en tiempo real desde su residencia de Mar-a-Lago y luego confirmó públicamente que Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece detenido en Nueva York. Sin mostrar pruebas ni fundamentos jurídicos, el presidente norteamericano aseguró que su gobierno administrará Venezuela hasta que se concrete una transición política, una afirmación que expone sin matices una lógica de ocupación y control sobre un país soberano.

El gobierno venezolano denunció la agresión como un acto de guerra y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Desde Caracas, autoridades confirmaron que desconocían inicialmente el paradero del mandatario secuestrado y exigieron pruebas de vida, mientras las fuerzas armadas se declaraban en estado de alerta y llamaban a la población a mantener la calma ante una escalada que amenaza con desestabilizar a toda la región.

La captura de Maduro fue presentada por Washington como un trofeo político. El mandatario venezolano y su esposa fueron exhibidos esposados tras su llegada a territorio estadounidense, en una escena que profundizó las críticas internacionales por el carácter extraterritorial e ilegal del procedimiento. Incluso se informó que el traslado incluyó una escala en la base de Guantánamo, símbolo histórico de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.

Trump justificó la ofensiva bajo el argumento de combatir el narcotráfico y anunció cargos por narcoterrorismo contra Maduro, pese a la falta de competencia legal de la justicia estadounidense sobre un jefe de Estado extranjero. La decisión contrastó con la tolerancia de Washington hacia otros líderes acusados de crímenes de guerra, evidenciando un doble estándar que alimentó el repudio global.

La mayoría de los gobiernos de América Latina condenó el ataque y advirtió sobre el peligroso precedente que sienta la intervención directa de Estados Unidos. Países vecinos cerraron fronteras y potencias como China y Rusia cuestionaron la acción militar, mientras organismos internacionales recibieron denuncias formales por la violación de la soberanía venezolana.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el país no aceptará volver a ser colonia y ratificó la continuidad institucional, al tiempo que dejó abierta la vía diplomática pese a la agresión. El mensaje buscó mostrar que, aunque el gobierno fue golpeado en su cúpula, el control territorial y el respaldo popular siguen en pie.

El ataque y el secuestro del presidente venezolano marcaron un punto de quiebre para la región. Más allá del destino judicial de Maduro, el episodio reinstala una lógica de fuerza que parecía superada y deja a América Latina frente a un escenario de máxima incertidumbre, atravesado por la disputa por recursos estratégicos y el regreso explícito de prácticas imperialistas en pleno siglo XXI.