Estados Unidos atacó Venezuela durante la madrugada de este sábado y desató una de las crisis más graves de los últimos años en América Latina. Tras la ofensiva, el presidente Donald Trump afirmó públicamente que fuerzas estadounidenses secuestraron a Nicolás Maduro y lo sacaron del país, sin brindar detalles ni pruebas, y anunció que ampliará la información en una conferencia de prensa.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el ataque y reclamó de inmediato a Washington una prueba de vida del mandatario y de la primera dama, Cilia Flores. Reconoció que el gobierno venezolano desconoce su paradero, una situación que profundiza la incertidumbre política y expone la fragilidad institucional generada por la intervención militar extranjera.

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En paralelo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció en televisión con casco y chaleco antibalas, rodeado de militares, para evaluar lo que calificó como un “ataque criminal” de Estados Unidos. Llamó a la población a mantener la calma, pero dejó en claro que las fuerzas armadas están en estado de alerta y dispuestas a responder, en un escenario que combina tensión interna y riesgo de confrontación abierta.

El gobierno venezolano denunció que los bombardeos alcanzaron zonas civiles y militares en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Según el comunicado oficial, el objetivo real de la ofensiva sería apoderarse de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo y los minerales, mediante un intento de forzar un cambio de régimen por la vía militar.

Caracas sostuvo que el ataque constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, y advirtió que pone en peligro la estabilidad de toda la región. Además, anunció que llevará denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y otros organismos multilaterales, al tiempo que se reserva el derecho a la legítima defensa.

Mientras tanto, medios estadounidenses citaron declaraciones de Trump celebrando la operación como “brillante” y de gran escala. El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó justificar la ofensiva al desconocer la legitimidad del gobierno venezolano y vincular a Maduro con el narcotráfico, una acusación reiterada pero ampliamente cuestionada por su falta de sustento y por su uso político para legitimar acciones militares unilaterales.

La situación expone un escenario alarmante: un ataque sin aval internacional, un presidente cuyo paradero es incierto y una región que vuelve a quedar al borde de un conflicto mayor, impulsado por decisiones unilaterales que ignoran el derecho internacional y agravan una crisis ya profundamente deteriorada.