El Coimagate supera un nuevo umbral. Este viernes concluyeron las 15 indagatorias iniciales luego de que los últimos citados se presentaran en Comodoro Py y optaran por no declarar. Con esa primera etapa cerrada, el juez Sebastián Casanello debe resolver la situación procesal de los imputados, mientras el fiscal Franco Picardi prepara nuevas convocatorias centradas en el circuito del dinero “indebido” que salió de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La causa ganó mayor complejidad tras la decisión de la Cámara Federal porteña, que ordenó determinar la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Javier Milei. En esas grabaciones —que no se usaron como prueba central— se describía un esquema de coimas que, según la investigación, involucraría a Karina Milei. Para los investigadores, el fallo “embarró” el avance de la pesquisa en un momento decisivo, ya que responde a un planteo de nulidad de las defensas.

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Los tres indagados este viernes fueron Andrés Arnaudo, presidente de Droguería Genesis S.A.; Silvana Escudero, titular de New Farma S.A. y ex presidenta de Droguería Floresta S.A.; y Alejandro Fuentes Acosta, presidente de Floresta S.A. Todos están vinculados a las droguerías señaladas como grandes beneficiarias del sistema ilícito detectado en la ANDIS y decidieron no declarar.

Esa estrategia de silencio también fue adoptada por los acusados más comprometidos: Diego Spagnuolo; Daniel Garbellini, ex titular de Incluir Salud; Miguel Ángel Calvete, señalado como jefe de la asociación ilícita; y Pablo Atchabahian, ex integrante de la agencia y detenido en esta causa. A ellos se suman otros seis imputados que tampoco respondieron preguntas, entre administrativos, ex operadores y socios vinculados a las maniobras denunciadas.

Solo dos indagados hablaron: Eduardo “Pino” González, exdirector de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, y Roger Grant, coordinador del área de Gestión de Urgencias. González señaló que los hechos ocurrieron bajo la órbita de Garbellini y que incluso fue sancionado por no alinearse con su accionar. Grant, el único que respondió preguntas, apuntó directamente contra su ex jefe y afirmó que actuaba siguiendo sus órdenes.

Con las declaraciones cerradas, Casanello debe decidir ahora si dicta procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos. En paralelo, se esperan nuevas indagatorias sobre quienes habrían administrado y blanqueado los fondos obtenidos ilegalmente. Entre ellos aparecen Sergio Mastropietro —dueño de Baires Fly y figura clave en la supuesta ruta del dinero—, Alan Pocoví y Sebastián Nuner Uner, director de la droguería Suizo Argentina.

El rol de Mastropietro es uno de los focos principales de la segunda etapa de la investigación: se sospecha que manejaba sumas millonarias para Calvete y que habría colaborado en dar un destino “lícito” al dinero proveniente de la trama de corrupción. Su teléfono —que debía ser secuestrado al arribar al país— nunca llegó a manos de la Justicia, lo que derivó en una denuncia presentada por el propio Casanello contra personal de Migraciones y la PSA.

Mientras la causa avanza hacia un momento crítico, la Cámara Federal resolvió revocar el rechazo al pedido de nulidad sobre los audios atribuidos a Spagnuolo y ordenó profundizar su análisis, pese a que la fiscalía no los utilizó como prueba central. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico sostuvieron esa decisión, mientras que Eduardo Farah votó en disidencia.

La resolución llega en un instante clave: cuando la Justicia debe definir procesamientos y avanzar sobre el circuito del dinero y las responsabilidades políticas. Y lo hace poniendo en discusión una prueba que no era central para la fiscalía, pero cuyo análisis podría incidir en el futuro del expediente.