La Justicia Federal de Goya, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, ordenó un amplio operativo de rastrillaje, allanamiento y registro en la zona rural de 9 de Julio, departamento de San Roque, Corrientes. La medida, dictada por la jueza Cristina Pozzer Penzo mediante la Resolución N° 527/2025, busca profundizar la búsqueda del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.

El operativo se desarrollará durante 50 días corridos, con posibilidad de prórroga, y se centrará en cuatro lagunas ubicadas alrededor del campo perteneciente al matrimonio conformado por Carlos Pérez y Victoria Caillava, principales sospechosos en la causa. Las tareas se realizarán en las inmediaciones del denominado eucaliptal, sobre la Ruta Provincial 113, en áreas de difícil acceso y gran extensión.

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El despliegue estará encabezado por el Comando Unificado Corrientes (CUC), con apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y la Policía de Corrientes, bajo supervisión directa del Juzgado Federal de Goya. También participarán el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, la Dirección de Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

La resolución judicial autoriza el uso de la fuerza pública para concretar allanamientos en propiedades rurales adyacentes a las lagunas o en construcciones cercanas. Además, establece controles estrictos de acceso y circulación en las zonas de trabajo, registro fílmico y fotográfico obligatorio, y resguardo de la cadena de custodia de todo material recolectado.

La magistrada destacó que las medidas son “oportunas, conducentes y proporcionales” para los fines de la investigación, en cumplimiento del Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, otorgó intervención a la querella que representa a la familia de Loan, permitiendo la participación de un familiar directo y un abogado durante las diligencias, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y evitar la revictimización.

El operativo apunta a hallar rastros, evidencias u objetos que aporten información sobre el paradero del niño o permitan identificar a los autores, cómplices o instigadores de su desaparición. Todas las tareas se realizarán bajo estrictos protocolos nacionales de seguridad, preservación de pruebas y protección ambiental, con comunicación inmediata al juzgado ante cualquier hallazgo relevante.