El proyecto de Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei envió al Congreso abre un nuevo frente de conflicto social y político. El texto incluye la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), hoy ajustada por inflación a través de la movilidad jubilatoria. La medida impactaría en casi 4,1 millones de niños y adolescentes, y responde a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional en la última revisión del acuerdo.

El artículo 73 del presupuesto también elimina la movilidad de las asignaciones familiares, lo que afecta a los hijos de trabajadores registrados y monotributistas. La decisión representa un golpe directo a los ingresos de las familias de menores recursos y amenaza con licuar el poder adquisitivo de la prestación en un contexto de alta inflación.

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Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron que esta modificación forma parte de un ajuste más profundo sobre las políticas destinadas a la niñez y adolescencia. Según el monitoreo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los programas enfocados en este sector sufrieron un recorte del 17% en la primera mitad del año respecto de 2023 y del 36% frente a 2022. Para 2025, se proyecta una caída del 20% en comparación con los niveles previos.

El Presupuesto 2026 consolida esa tendencia con la reducción o el desfinanciamiento de iniciativas sensibles como el Plan ENIA, que había logrado reducir en un 50% la tasa de embarazo adolescente en apenas cinco años, pero que fue desmantelado en 2024 con el despido de 700 trabajadores. La partida asignada al programa se reduciría un 85% en relación a 2025, ejecutando apenas el 3% de lo invertido en 2023.

La Educación Sexual Integral (ESI) también sufriría un recorte drástico: el presupuesto proyectado es de apenas 239 millones de pesos, el 2% de lo destinado en 2023. En paralelo, las Becas Progresar, fundamentales para jóvenes estudiantes de bajos recursos, registran una caída acumulada del 75% desde 2023 y continuarían perdiendo valor real.

Incluso el Programa de Acompañamiento para Jóvenes sin Cuidados Parentales, que otorga un ingreso mensual a quienes egresan de hogares institucionales, perdió más del 30% de su poder adquisitivo desde que comenzó la gestión libertaria. A esto se suma la eliminación de partidas para la construcción de jardines infantiles, una medida que compromete la ampliación de la oferta educativa inicial.

Si bien el Gobierno reivindica que la AUH experimentó un aumento real del 90% desde 2023, la eliminación de la movilidad automática y la reducción de fondos en otras políticas podrían revertir esos avances. Según ACIJ, si la inflación supera el 10% proyectado en el Presupuesto, la AUH sufrirá una fuerte licuación, deteriorando la protección social de millones de chicos.

El ajuste sobre la niñez aparece como uno de los ejes más controvertidos del plan económico oficial. La discusión en el Congreso será clave para definir si se aprueba un esquema que, bajo la lógica de cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI, pone en riesgo derechos básicos de la infancia y adolescencia en la Argentina.