El juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes dispuso una medida cautelar para impedir que los medios publiquen audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, arrastra un historial de denuncias en su contra por presunta comisión de distintos delitos.

Las presentaciones fueron realizadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) en 2024, cuando el magistrado intentaba acceder a un ascenso como camarista. En total, se abrieron seis expedientes, que volvieron a activarse este año luego de que el Consejo de la Magistratura lo notificara para que hiciera su descargo.

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Entre las denuncias figura el testimonio de una empleada que relató haber sido hostigada por el juez desde que ingresó a su juzgado. Según la presentación, la mujer accedió a salir con él fuera del ámbito laboral por temor a perder su trabajo, y en ese encuentro fue víctima de tocamientos no consentidos.

Otra acusación apunta a un incumplimiento de deberes en una causa vinculada a la salud. Un hombre denunció a Maraniello por no habilitar una feria judicial para garantizar que su madre recibiera atención urgente y un colchón antiescaras, lo que derivó en una acusación formal por negligencia grave y desconocimiento de los tratados internacionales que protegen derechos básicos.

También pesa sobre él una denuncia presentada por la abogada Patricia Neme, quien pidió que se investigue si incurrió en prevaricato. En paralelo, se lo cuestiona por desvío de fondos hacia una organización judicial que preside.

La polémica se profundizó luego de que el propio fallo de Maraniello sobre los audios de Karina Milei fuera interpretado como un gesto político a favor del Gobierno. En Tribunales sostienen que “el Ejecutivo buscaba un magistrado dispuesto a firmar esto y lo encontró en alguien muy desesperado por su futuro”.

El enojo dentro del ámbito judicial se refleja en las críticas de magistrados y empleados que consideran que el juez no tenía argumentos sólidos para frenar la publicación de los audios. “Imaginate que Rial se rebele y los publique. ¿Qué pasaría? ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias?”, señalaron.

El propio Maraniello justificó su decisión afirmando que “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión” de las grabaciones. Sin embargo, admitió no conocer el contenido de los audios, lo que expone una contradicción en su resolución y alimenta aún más la controversia.