La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que Argentina no deberá entregar las acciones de YPF ni otros activos mientras se tramita la apelación por la causa de expropiación. La decisión deja sin efecto, por ahora, la orden dictada el 30 de junio por la jueza Loretta Preska.

El fallo fue celebrado por el Ministerio de Economía, que destacó que el Gobierno de Estados Unidos podrá actuar como “amigo de la corte” en respaldo a la posición argentina. Desde la Procuración del Tesoro, que lidera Santiago Castro Videla, remarcaron que la medida garantiza que la Nación mantenga su participación mayoritaria en la petrolera, considerada un activo estratégico.

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La causa se originó en 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de YPF. En septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar alrededor de 18.000 millones de dólares a Burford Capital, firma que adquirió los derechos de la demanda.

El fallo de la Cámara implica que las acciones podrán seguir en la Caja de Valores mientras se define la apelación. El 25 de septiembre está prevista la presentación de argumentos y a fines de octubre se realizará la primera audiencia para abordar la cuestión de fondo. Se estima que la resolución definitiva podría conocerse a comienzos del año próximo.

Entre los argumentos de la defensa figuran la violación del principio de inmunidad soberana, el desconocimiento del comity o cortesía internacional, y el hecho de que las acciones están depositadas en el país y no en Estados Unidos. También se subraya que su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que impide cualquier riesgo de disposición de activos.

En paralelo, Burford mantiene otros pedidos, como la estrategia de “alter ego” para intentar probar que YPF y el Estado argentino actúan como una misma entidad, lo que habilitaría a reclamar sus activos. Incluso ha solicitado acceder a comunicaciones privadas de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa, requerimiento que Preska avaló.

Mientras se desarrollan estas instancias judiciales, el fallo de la Cámara representa un respiro para Argentina y un refuerzo en su estrategia legal para evitar la pérdida de control sobre la petrolera de bandera.