El cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a otros organismos de tránsito y seguridad vial, puso en jaque a decenas de obras anunciadas o en ejecución en varias provincias argentinas. La decisión, enmarcada en el nuevo esquema de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei, implica una drástica licuación de responsabilidades que aún no permite saber con certeza cuáles de esos trabajos continuarán, bajo qué condiciones y con qué recursos.

“Al día de la fecha se están certificando unas ocho obras, de ellas hay cinco que son con financiamiento externo y las otras tres son pequeñas. Por lo tanto hoy la transferencia de esas obras adjudicadas no existe”, explicó Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Si bien reconoció que hubo algunas transferencias a partir de acuerdos políticos con gobernadores, aclaró que “son marginales”.

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Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que se abrirá la licitación de 9.120 kilómetros de rutas “degradadas como nunca antes en la historia” y aseguró que seguirán en marcha “todas las obras que se iniciaron bajo los parámetros de la Ley Bases”. No obstante, muchas jurisdicciones provinciales vienen advirtiendo que no cuentan con presupuesto suficiente para asumir obras que, en algunos casos, son vitales para la seguridad vial y la conectividad productiva.

El caso de Formosa es ilustrativo: la Justicia Federal ordenó tareas urgentes sobre tramos críticos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, donde ya se registraron accidentes fatales. En otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Salta y Catamarca, los gobiernos locales habían suscrito convenios o recibido compromisos de Vialidad para continuar con trabajos de mantenimiento y obras estratégicas que ahora deberán ser renegociadas o interrumpidas.

En ese contexto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, fue categórica: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”.

Mientras crece la incertidumbre sobre el destino de obras como la Autovía de la Ruta 18 en Entre Ríos, la pavimentación de tramos en Neuquén, las mejoras en rutas estratégicas de Corrientes, y la reparación del puente sobre el río Santa Cruz, las provincias se preparan para enfrentar una nueva etapa de disputa por los recursos. En el medio, quedan rutas deterioradas, obras inconclusas y una red vial que exige respuestas urgentes.