El jueves 10 de abril, el transporte público en Argentina se verá paralizado por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida de fuerza, que busca visibilizar el rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, contará con la adhesión de sindicatos ferroviarios, colectiveros y trabajadores del subte, generando un fuerte impacto en la movilidad de millones de personas.

La Fraternidad, el gremio de maquinistas de trenes liderado por Omar Maturano, confirmó la suspensión total del servicio ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los trenes de larga distancia. A su vez, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que no habrá colectivos en todo el país, mientras que los metrodelegados, alineados con la CTA, anticiparon su respaldo a la protesta, lo que podría afectar el funcionamiento del subte en la Ciudad de Buenos Aires.

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Este será el tercer paro general en menos de cinco meses, luego de las huelgas realizadas el 24 de enero y el 9 de mayo. Desde la CGT sostienen que la protesta responde a múltiples reclamos, entre ellos, la exigencia de "paritarias libres para todos los trabajadores", el aumento de haberes jubilatorios y la reactivación de la obra pública, especialmente en proyectos con más del 90% de avance. También reclaman la aprobación en el Congreso de un bono de $760.000 y la revisión de las asignaciones familiares.

El paro general se convocó tras la represión a jubilados que se manifestaban el 12 de marzo frente al Congreso. "La represión y el ajuste golpean a los sectores más vulnerables, mientras se beneficia a los mismos grupos económicos de siempre", expresaron desde la central sindical.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada rechazaron la medida y aseguraron que "no hay razones que la justifiquen". Sin embargo, los gremios advierten que la protesta será contundente y que no descartan nuevas medidas si no hay respuestas a sus demandas.