El Gobierno nacional anunció este martes un controvertido proyecto de ley que apunta a modificar el régimen migratorio del país, con medidas que incluyen el cobro de aranceles en la educación universitaria y la atención médica para extranjeros que no posean residencia permanente, además de nuevas restricciones para el ingreso al territorio.

El vocero Manuel Adorni justificó la propuesta asegurando que busca "avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos". Según detalló, la iniciativa permitirá a las universidades nacionales cobrar a estudiantes extranjeros con residencias precaria, transitoria o temporaria, quienes actualmente acceden a la educación gratuita. "Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio", argumentó Adorni, sin precisar los montos estimados.

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Además, el funcionario adelantó que el proyecto propone que las jurisdicciones de salud puedan establecer cobros a extranjeros no residentes por la atención médica. "Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora", afirmó.

Las declaraciones generaron un rechazo inmediato en diversos sectores. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, calificó las medidas como "clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria e ignorante de la realidad". Kreplak subrayó que en la provincia de Buenos Aires los extranjeros no residentes representan apenas el 0,2% de las consultas médicas y el 0,8% de las internaciones, lo que evidencia un impacto mínimo en el sistema.

En el ámbito educativo, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, desmintió afirmaciones de Adorni, quien aseguró que "uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero". Según Durán, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1% del total en las universidades públicas del país y deben contar con residencia para matricularse.

La reforma también incluye nuevas causales para rechazar el ingreso de extranjeros, endureciendo controles en las fronteras. Adorni explicó que se buscará ampliar los delitos que justifican la expulsión de migrantes en casos de flagrancia o ataques al sistema democrático, así como penas de prisión para quienes intenten reingresar tras ser expulsados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la iniciativa y señaló que trabajan en implementar "expulsiones exprés". Sobre los aranceles educativos, sostuvo que quienes deseen formarse en Argentina "podrán hacerlo pagando un arancel, que no será igual al de una universidad privada, pero significará un retorno para el Estado".

Especialistas y organismos de derechos humanos advirtieron sobre el impacto social y legal de estas medidas. Pablo Ceriani Cernadas, del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes, calificó el proyecto como "estrategia para desviar la atención, generando odio y resentimiento".

El Ejecutivo deberá enviar el proyecto al Congreso para su debate en sesiones extraordinarias o en el próximo período legislativo. La iniciativa abre un debate sobre la inclusión y los derechos de los migrantes en el país, mientras genera tensiones en torno al rol del Estado y los servicios públicos como garantes de derechos universales.