Cerca de las 16 horas del miércoles, una tanqueta tumbó las puertas del Palacio Quemado en Bolivia, luego de que el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, amenazara con tomar la sede del gobierno. Zúñiga se bajó del vehículo militar, ingresó al edificio ubicado en el centro de La Paz y estuvo cara a cara con el presidente Luis Arce, mientras un grupo de soldados fuertemente armados rodeaba la plaza Murillo en un hecho que el gobierno no dudó en calificar como un intento de golpe. La tensión duró varias horas hasta que Arce nombró a una nueva cúpula en las Fuerzas Armadas, ordenó a los militares movilizados que vuelvan a sus unidades y Zúñiga fue detenido.

Durante su violenta irrupción en la sede del gobierno boliviano, Zúñiga dijo a los medios que buscaba cambiar piezas en el gabinete y "liberar a todos los presos políticos" incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez y al gobernador opositor Luis Fernando Camacho. Desde el martes circulaban rumores sobre una posible destitución de Zúñiga, luego de asegurar en una entrevista que detendría al expresidente Evo Morales si éste insiste en presentarse como candidato a los comicios de 2025.

"Es evidente que en Bolivia ha habido una ruptura del orden democrático. No han habido pronunciamientos de unidades militares de otras regiones del país. No se puede hablar de un levantamiento general, lo que hubo fue una toma de la plaza Murillo", explicó a Página/12 Antonio Abal Oña, excónsul boliviano en Argentina, quien agregó: "Zúñiga exigió la liberación de todos los presos políticos, además del alejamiento del ministro de Defensa. En un gobierno democrático estos reclamos no se manejan a través de los medios de comunicación".

Desde el palacio presidencial, Arce convocó a los bolivianos a movilizarse "en contra del golpe de Estado" y tomó juramento al nuevo comandante del Ejército, José Sánchez, de la Fuerza Aérea, Gerardo Zabala, y de la Armada, Wilson Guardia. Las tropas al mando del destituido jefe del Ejército se retiraron de la plaza luego de varias horas de movilización y Arce se mostró victorioso. "Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado. Estamos seguros, nosotros vamos a seguir y vamos a seguir trabajando", señaló el mandatario desde un balcón del tradicional Palacio Quemado frente a cientos de seguidores.

Cuando Zúñiga comandó al grupo de militares que ocupó la plaza Murillo frente a la sede del gobierno, Arce se encontraba en la sede del Ejecutivo junto a su vicepresidente David Choquehuanca. Varios sectores sociales, sindicales e incluso dirigentes opositores del país expresaron su apoyo al gobierno. La Central Obrera Boliviana (COB) se había declarado en huelga indefinida convocando al "traslado de todas las organizaciones sociales y sindicales a la ciudad de La Paz para defender el orden constitucional".

Ya sobre la noche del miércoles, Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial en las afueras de un cuartel militar. En una breve declaración ante los medios, el destituido comandante dijo que el presidente Arce le ordenó "sacar los blindados para levantar su popularidad". "Es y era una de las hipótesis, lo que no cuadra es: ¿sacrificar a un general por un civil siendo el general un especialista en inteligencia?", se preguntó Abal Oña derribando los dichos del militar.

Zúñiga fue jefe del Estado Mayor de Bolivia y en su momento fue acusado por otro general de estar involucrado en un caso de narcotráfico. Años más tarde, ya ascendido en la escala militar, fue denunciado por el propio Evo Morales como uno de los presuntos ejecutores del llamado "Plan Negro", una operación supuestamente dirigida a perseguir e incluso atentar contra la vida de líderes políticos y sociales.

Antes de ser destituido y detenido, Zúñiga había amenazado con que las Fuerzas Armadas actuarían para evitar que el expresidente Evo Morales pueda presentarse a las elecciones. El miércoles, entre tanques militares, aseguró a la prensa que pronto se formaría un nuevo gabinete de gobierno. "Es deber y obligación que las Fuerzas Armadas otra vez recuperen esta patria", advirtió Zúñiga, quien aseguró que "por el momento" reconocía la autoridad del presidente Arce.

Durante su irrupción en la plaza Murillo, Zúñiga pidió liberar a los "presos políticos", tal como definió a exfuncionarios y militares detenidos por el golpe de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. "No puede ser que personal subalterno esté preso por acatar una orden. Desde Camacho, Áñez, generales, tenientes y coroneles. Es el pedido del soldado de a pie. Nuestros niños no tienen futuro y al Ejército no le faltan cojones para velar por el futuro de los niños".

"Parece que Zúñiga tenía ambiciones de ser nombrado comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia", aseguró a este diario Abal Oña, quien agregó que "es posible que se haya enterado que no iba a ocurrir eso, entonces quiso hacer una presencia personal en un canal de televisión demostrando que es el hombre fuerte de las FF.AA. Esas declaraciones fueron más bien contraproducentes". El lunes, el entonces jefe del Ejército aseguró que detendría a Morales si insiste en postularse a la presidencia en los comicios de 2025.

"Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país", advirtió Zúñiga. El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) está dividido entre el presidente Luis Arce y su antiguo aliado y hoy adversario Evo Morales. Amparado en las reformas constitucionales que él mismo promovió, Morales ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por un golpe de Estado, luego de ser acusado de fraude electoral para obtener un cuarto mandato.

A fines de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional inhabilitó a Morales como candidato presidencial para los comicios de 2025, aduciendo que la reelección indefinida no es un derecho humano, como había señalado en otra sentencia de 2017. Pero Morales buscará este año la candidatura a la presidencia en representación del MAS mientras que el presidente Arce, en el poder desde 2020, no se pronunció aún sobre una posible reelección.

A raíz de la tensa situación en La Paz, la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que "no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional". La presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión de urgencia a los gobernantes de los países del organismo regional ante un inminente golpe en Bolivia. El Grupo de Puebla también dio a conocer su rechazo a la asonada militar a través de un documento titulado "La democracia en Bolivia está en riesgo".

A través de un breve comunicado, la Casa Blanca dijo estar "siguiendo de cerca" la situación en Bolivia y llamó a la "calma y moderación". El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que "la democracia prevalecerá", mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en la red social X: "Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia".

Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo subrayó que "ni la fuerza ni la imposición son la vía para la construcción de naciones democráticas y libres". El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, manifestó su solidaridad con el "legítimo gobierno del presidente Arce", mientras que la presidencia de Perú rechazó "todo acto que atente contra el orden democrático e institucional". Casi al unísono los líderes de la región condenaron la situación en Bolivia, a excepción de Javier Milei. Apenas se conoció un tuit de la canciller Diana Mondino advirtiendo que "la democracia no se negocia".