La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) convocó a 166 profesionales de 60 países, especializados en diversas disciplinas, para realizar la Evaluación del Nexus. Este informe analiza los vínculos existentes entre la biodiversidad, el agua, los alimentos, la salud y el cambio climático, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se espera que sus conclusiones sean una herramienta para la toma de decisiones basadas en evidencia científica por parte de los Estados que conforman el IPBES.

El Informe del Nexus, actualmente en etapas finales de elaboración, cuenta con la autoría de cuatro especialistas del CONICET: Virginia Alonso Roldán, del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC, CENPAT, CONICET); Clara Minaverry, del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES, CONICET-UNLU); Sebastián Aguiar, del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, CONICET-UBA) y Lucas Enrico, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC).

Enrico, coautor del capítulo 1 del Informe, señala: “Muchas decisiones en busca de la explotación de ciertos recursos naturales tienen consecuencias negativas sobre otros, ya sea de manera directa o indirecta, y esta lógica es predominante en nuestro país, en la región y en el mundo. Sin embargo, hoy tenemos suficiente evidencia científica que nos permite predecir estas consecuencias negativas en diferentes sectores. Ser conscientes de las interrelaciones, y elaborar políticas en consecuencia, permite que el uso de los ‘bienes naturales comunes’ sea sustentable, sin poner en riesgo a la biodiversidad y la salud de los ecosistemas”.

El especialista ilustra este entramado de interrelaciones con un caso argentino: “El tan resonado caso de las ‘granjas porcinas’ es un ejemplo de cómo producir desde un punto de vista aislado y sectorial para optimizar la producción de carne puede generar beneficios económicos en un sector, pero perjuicios sobre otros. Esto afectaría negativamente a la biodiversidad -por requerimiento de mayores superficies cultivadas para alimento animal-, al recurso hídrico, por consumo de los animales y limpieza de criaderos, por contaminación de napas y/o cursos de agua. También afectaría la salud de los ecosistemas debido a mayores riesgos de enfermedades (por transmisión entre seres humanos, animales domésticos y/o fauna nativa), y podría generar cambios en el clima a escala local -por deforestación directa o indirecta- y global (por la alta huella de carbono de la cadena de producción y consumo)”.

Pero generar políticas teniendo en cuenta las distintas necesidades de la sociedad es complejo y requiere mayor esfuerzo de articulación. Alonso Roldán, coordinadora del capítulo 5.1, apunta: “La comunicación y colaboración entre sectores evitaría acciones que se contrapongan o neutralicen entre sí, y permitiría generar sinergias que alineen los objetivos tendientes a asegurar comida, agua y salud, tanto en el ámbito humano como ambiental. Por ejemplo, en zonas urbanas de regiones áridas como la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, ciertas iniciativas de forestación para la mitigación y adaptación al cambio climático pueden generar un consumo de agua para riego que compita con la provisión de agua para otros usos. En cambio, políticas urbanas integrales de forestación con plantas nativas adaptadas a las condiciones climáticas y generación de áreas naturales accesibles pueden evitar compromisos en el uso del agua y contribuir a la salud mental, mediante la reconexión de la gente con la naturaleza”. La investigadora, quien también es profesora en la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Chubut, destaca que el reporte contiene propuestas concretas de coordinación entre actores para que puedan alcanzar sus metas sectoriales en conjunto.

Además de revisar los potenciales beneficios simultáneos de diferentes estrategias, el informe evaluó sus costos económicos y su legitimidad social. Como detalla Sebastián Aguiar: “Si pensamos en la agricultura argentina, existen diversas prácticas de manejo agrícola sustentable aplicables a la producción de granos (rotaciones de cultivos, uso de cultivos de cobertura, entre otros) que permiten disminuir el uso de agroquímicos. Esto, a su vez, reduce el impacto ambiental y los costos de la producción agropecuaria. Sin embargo, la adopción de estas prácticas encuentra múltiples barreras culturales, sociales, políticas y económicas sobre las cuales hay que trabajar”.

Según Minaverry, especialista en derecho ambiental y coautora del capítulo 5.2, la Evaluación del Nexus “considera no sólo la necesidad de buscar respuestas a partir de enfoques occidentales, sino que también reconoce otros basados ​​en diferentes cosmovisiones que aportan miradas, conocimientos y tradiciones provenientes de pueblos indígenas y de comunidades rurales”. Por ello, se fomenta la participación consensuada de integrantes de comunidades indígenas (que en muchos casos también habitan en un ámbito rural) en las reuniones de IPBES, en donde se les brinda el espacio para compartir sus experiencias y exponer sus problemáticas, percepciones y preocupaciones en relación con la protección de los ecosistemas ante la comunidad científica internacional.

“Una de las políticas de IPBES es garantizar que se esté reflejando la diversidad cultural y geográfica en todo informe que se realice. Se sabe que muchas de las buenas prácticas para mantener el equilibrio de los ecosistemas están vinculadas con conocimientos de pueblos indígenas sobre uso tradicional de la tierra y la conservación de la biodiversidad. En general, esas perspectivas son traídas a la discusión por antropólogos/as que desarrollan trabajos de larga data con las comunidades. Además, se incorpora el enfoque de género y la multidisciplinariedad desde los propios criterios de selección de los/as coautores del informe”, agrega Enrico.

Además de los investigadores mencionados, el reporte cuenta con las contribuciones de otros expertos argentinos como Fernando Milano (Facultad de Ciencias Veterinarias, UNICEN) y Walter Pengue (UNGS). Todos los participantes recibieron el aval de organizaciones científicas internacionales y/o de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación para participar en este consorcio. Para Enrico: “Eso da cuenta de que el Estado argentino considera este tema de importancia y que valora a sus científicos como voces autorizadas para trabajar en ellos”.

Y agrega: “La ciencia no es estéril ni neutral. Es importante que las perspectivas latinoamericanas estén representadas en estos consensos científicos globales, porque realizamos aportes situados en las realidades de nuestra región. Por ejemplo, yo propuse incluir en el informe el concepto de teleacoplamiento. Este refiere a los efectos que acciones en una región tienen sobre otra distante geográficamente. Muchas decisiones que se toman en la producción de alimentos para exportación, por ejemplo, implican consecuencias negativas para los países exportadores. En estos territorios quedan los costos ambientales como enfermedades, degradación, desertización y conflictos por el agua, mientras que los países importadores reciben sólo los beneficios, en este caso alimentos”.

Los coautores vienen trabajando de forma ininterrumpida desde febrero de 2022 de forma virtual, tanto al interior de cada capítulo como en la interacción entre capítulos. Además, se realizaron tres reuniones presenciales: en Frankfurt (Alemania) en 2022, en Skukuza (Sudáfrica) en 2023, y en Katmandú (Nepal) en febrero de este año. El informe ya ha pasado por dos procesos de revisión externa por parte de los gobiernos que conforman el IPBES, así como de evaluadores individuales de la comunidad científica y de distintas partes interesadas. El reporte final será presentado para su consideración en el Plenario de IPBES, del cual también participarán los Estados (incluido nuestro país), previo a su aprobación en diciembre de 2024.

Fuente: conicet.gov.ar