Docentes, no docentes, estudiantes y una diversidad de ciudadanos se preparan para tomar las calles de todo el país en protesta contra el ajuste en la educación superior pública impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La decisión de congelar el presupuesto de 2023 para las universidades, a pesar de una inflación que superó el 200% en ese año, ha generado un fuerte rechazo y movilización. En la antesala de la Marcha Federal Universitaria, se han registrado clases públicas coordinadas entre estudiantes y docentes, así como una persecución en redes sociales por parte de trolls oficialistas contra dirigentes del movimiento estudiantil, además de ataques del Presidente y ministros en Twitter.

La convocatoria ha recibido apoyo de diversas organizaciones, desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hasta gremios docentes, centros de estudiantes y autoridades universitarias. Este respaldo abarca un espectro político amplio, que va desde el peronismo y parte del radicalismo hasta la izquierda y movimientos sociales, así como referentes de universidades privadas y ciudadanos comprometidos con la causa de la educación pública.

En Buenos Aires, la movilización está programada para comenzar en la Plaza Houssay a las 14:30, luego dirigirse al Congreso de la Nación a las 15:30 y finalizar en la Plaza de Mayo a las 17:00, donde se espera la participación de estudiantes de todas las universidades nacionales del Área Metropolitana y de otras provincias.

La respuesta del Gobierno ante estas protestas ha sido variada. Mientras fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires descartan activar el protocolo antipiquetes debido a la magnitud prevista de la movilización, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dejado abierta la posibilidad de su aplicación en caso de "provocaciones".

Los ataques contra dirigentes estudiantiles han aumentado, tanto en redes sociales como en declaraciones públicas. Este clima de confrontación se refleja en los mensajes agresivos de algunos funcionarios y en la actitud del presidente Milei, quien parece haber adoptado una postura más combativa contra los sectores que impulsan la movilización. La dimensión y la transversalidad de esta protesta serán un desafío para todos los actores políticos y sociales del país, incluido el propio Gobierno, que enfrenta una creciente presión popular.