“Esta medida busca defender la libertad de expresión, la institucionalidad y los puestos de trabajo, y resguardar el derecho a la información”, expresó el jefe comunal. La presentación contó con el patrocinio letrado del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

El escrito señala la importancia de la información pública veraz, adecuada y objetiva en el ejercicio pleno de la ciudadanía y su valor como testimonio del carácter evolutivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “Suprimir el funcionamiento de la agencia Télam demuestra el grado de ignorancia y prepotencia institucional con que ha obrado el actual Gobierno nacional”, destaca la presentación. La acción judicial también tiene como objetivo proteger el archivo fotográfico y documental de Télam que, junto con el Archivo General de la Nación, constituyen la base histórica documental más importante del país. Dentro de los registros de gran valor histórico que pertenecen a la agencia, se encuentra, por ejemplo, la mayor colección de imágenes de la Guerra de Malvinas.

Asimismo, el amparo hace hincapié en las consecuencias de la medida respecto a la pérdida de fuentes de trabajo. En este sentido, el intendente Fernando Gray afirmó: “Cerrar Télam también implica dejar a más de 700 profesionales de extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación sin su sustento diario en un contexto de grave crisis económica, por lo que estamos hablando de una decisión de extrema insensibilidad”. 

En el escrito, también se destaca el prestigio informativo de esta agencia, que es la única con corresponsales en todo el territorio nacional. Télam, que cuenta con 803 medios suscriptos en todo el país, funciona como archivo histórico de información de la Argentina a través de sus 38.000 registros audiovisuales y documentos periodísticos.

Esta agencia de noticias produce y provee material informativo a medios de comunicación, empresas y organismos. El cierre de Télam perjudica al Municipio de Esteban Echeverría como usuario de su servicio informativo y a cada una y uno de sus habitantes porque afecta el derecho colectivo a la información pública.