Mientras Washington retiró de su lista de terroristas a un exyihadista y Trump indultó a un narco condenado a 45 años, en Argentina el Veraz sigue siendo una condena financiera casi imposible de revertir.

La administración de Donald Trump y el Departamento de Estado de Marco Rubio consolidaron una arquitectura de persecución política de dos velocidades. Desde noviembre de 2025 designaron cuatro grupos de izquierda como Organizaciones Terroristas Extranjeras y armaron una cumbre contra el “terrorismo de extrema izquierda” con 65 delegaciones.

“El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes, salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel”, dice una voz identificada como la del expresidente hondureño en los audios de Hondurasgate.

Al-Sharaa fue designado Terrorista Global Especialmente Designado en 2013, con recompensa de 10 millones de dólares. Su organización, HTS, fue retirada de la lista en julio de 2025; el 7 de noviembre de 2025 Washington lo sacó oficialmente y días después fue recibido en la Casa Blanca.

Rubio fue explícito: “La izquierda radical puede adoptar diversos lemas e ideologías, puede llamarse a sí misma anticapitalista, antimperialista, comunista, anarquista o marxista; pero su naturaleza fundamental es un resentimiento disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación”.

El 1 de diciembre de 2025 Trump indultó a Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años por narcotráfico. Según más de 100 audios filtrados, su libertad fue un “cobro de favores” por trasladar la embajada de Honduras a Jerusalén, gestión atribuida a Benjamin Netanyahu.

Los audios también mencionan a Javier Milei. Una célula de desinformación operada desde Estados Unidos habría recibido 350.000 dólares vinculados a sectores afines al mandatario argentino para campañas contra los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro.

En paralelo, el 20 de julio de 2026 el Departamento de Estado publicó un informe de 100 páginas que acusa a Cuba de motorizar una “izquierda terrorista” global. Señala a Amy Goodman, los Socialistas Demócratas de América, Zohran Mamdani, Karen Bass, Alicia Garza y, en España, a Pablo Iglesias. Admite no probar financiamiento cubano, pero los clasifica por sus convicciones.

Frente a ese tablero, el Veraz opera con otra lógica. Es una base de datos privada administrada por Equifax que contiene el historial financiero de millones y determina el acceso al crédito, al alquiler y a la vida económica formal. Lo consultan bancos, financieras, inmobiliarias, empresas de telecomunicaciones y hasta empleadores.

Su clasificación es implacable y no distingue ideologías. El sistema del BCRA, que alimenta el Veraz, divide a los deudores en seis categorías según los días de atraso, no según el monto: Normal (hasta 31 días), Riesgo bajo (32 a 90), Riesgo medio (91 a 180), Riesgo alto (181 días a un año), Irrecuperable (más de un año) e Irrecuperable por disposición técnica. Desde la situación 3, las entidades rechazan sin análisis individual.

La mora se disparó. Según cifras oficiales del Banco Central, la cartera irregular total pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, casi cuadruplicándose en doce meses. Desde diciembre de 2025, además, la ANSES reporta al Veraz el historial de pago de sus créditos: los beneficiarios con atrasos ven afectado su perfil crediticio.

Las listas de terroristas se revisan, se negocian y se retiran cuando conviene. El Veraz, en cambio, acumula: una deuda impaga permanece hasta cinco años desde la mora; si se cancela, el antecedente negativo sigue visible dos años más, aunque figure como “pagado”. No hay cumbre internacional ni Departamento de Estado que lo elimine por servicios prestados.

La paradoja es brutal. Un hombre que financió el traslado de una embajada, traficó cocaína y fue condenado a 45 años puede ser indultado en meses. Un exyihadista que fundó una organización terrorista puede ser recibido en la Casa Blanca. Pero un trabajador que quedó en el Veraz por una deuda de 50.000 pesos en 2022 sigue sin poder abrir una cuenta bancaria o firmar un alquiler.

El calificativo de “terrorista” o “narco” no describe una realidad objetiva: es una herramienta de política exterior que se activa contra enemigos ideológicos y se desactiva cuando el actor se pliega a Washington y Tel Aviv. El Veraz, en cambio, es una sentencia silenciosa que no distingue ideologías, pero castiga con la misma eficacia a quienes no tienen poder para negociar su salida.

Por Sandra Sosa.

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