El Escudo de las Américas, la coalición de seguridad lanzada por Donald Trump el 7 de marzo de 2026 en Miami, funciona en la práctica como un escudo de Estados Unidos. Bajo la excusa de combatir el narcotráfico, esconde una estrategia para frenar a China y asegurar recursos estratégicos.

A la fundación solo asistieron 12 de los 34 países del continente, todos con gobiernos de derecha o extrema derecha. No fueron invitados presidentes progresistas como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum o Gustavo Petro. México y Colombia, dos de los países más golpeados por el narcotráfico, tampoco fueron convocados, lo que desmiente el pretexto antinarco. La segunda cumbre se realizó el 22 de septiembre de 2026 en Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de la ONU.

Trump la definió como una “nueva coalición militar para erradicar cárteles, criminales, pandillas e influencias extranjeras hostiles” —léase China—. En Nueva York presumió: “Todos los candidatos que apoyó en América Latina vencieron en sus elecciones”.

El Atlantic Council confirmó en julio de 2026 el objetivo real: “contener la ofensiva de China en América Latina y el Caribe”. La estrategia combina aranceles a importaciones vinculadas a China, el acuerdo Pax Silica para minerales críticos y el propio Escudo. El documento liga el combate al narco con la “protección de las cadenas de suministro” de litio, cobre y tierras raras.

El geopolítico Bruno Fornillo lo resume: “La subordinación de Milei a Trump para encadenar nuestros recursos a las necesidades estratégicas de EE.UU. significa una pérdida absoluta de la soberanía”.

Argentina es el laboratorio más avanzado. Milei adhirió al Escudo el mismo día de su fundación. En febrero de 2026 firmó un acuerdo de minerales críticos que prioriza a EE.UU. en cobre, litio y tierras raras. El Corredor Andes-Atlántico prevé USD 7.000 millones del EXIM Bank para conectar el noroeste minero y Vaca Muerta con puertos del Atlántico.

También impulsa una base naval “conjunta con Estados Unidos” en Ushuaia, solicitada por el almirante Alvin Holsey para abastecer submarinos. El DNU 264/2026 permitió el ingreso de tropas estadounidenses sin intervención del Congreso.

La injerencia electoral es parte del guion. La Abin brasileña advirtió sobre un “riesgo crítico de interferencia electoral” de EE.UU. en Brasil, según Folha de São Paulo. La llamada “Doctrina Donroe” busca “impulsar a la ultraderecha hacia las urnas y tejer alianzas con sus gobiernos”.

En Bolivia, analistas alertan que la adhesión al Escudo podría llevar a “revisar o incluso cancelar acuerdos con empresas rusas o chinas”, incluidos los contratos de industrialización del litio.

El espejo es Venezuela. Tras la operación militar del 3 de enero de 2026 que depuso a Nicolás Maduro, el país cedió a EE.UU. 17 campos petroleros con 65.000 millones de barriles. El dinero primero va a una cuenta manejada por Washington.

El economista Manuel Sutherland describe: “Washington trata a Venezuela como una entidad tutelada, un protectorado extractivista, que sirve para sacar materias primas, rápido y barato”.

El canciller Pablo Quirno admitió: “Invertir en Argentina es favorecer la seguridad económica de EE.UU.”. La diferencia es que Venezuela llegó por crisis y asfixia; Argentina, por la vía de la “cooperación”.

Si el Escudo avanza, el riesgo no es “ser Venezuela” como decía la derecha en campaña. Es ser un país con soberanía formal pero sin capacidad real de decidir sobre sus recursos, su seguridad y su futuro.

Por Sandra Sosa.

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