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29 de septiembre de 2026

Triple crimen de Florencio Varela: la Justicia define el futuro de Pequeño J

Por: Carlos Rodriguez

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín analizará tres planteos de la defensa de Tony Jansen Valverde Victoriano, alias Pequeño J. Buscan revertir su procesamiento, obtener su excarcelación y modificar el régimen de aislamiento.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín tendrá este martes una audiencia clave para definir la situación procesal de Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, quien permanece detenido tras ser extraditado desde Perú y está acusado de tener un rol central en el triple crimen de Florencio Varela.

La defensa del acusado, encabezada por el abogado Lucas Contreras Alderete, presentó tres recursos ante los camaristas. El primero apunta a revertir el procesamiento y plantea como elemento central un informe técnico de la empresa Movistar sobre la ubicación del teléfono celular utilizado por Valverde Victoriano durante el día en que ocurrieron los asesinatos.

Según el planteo defensivo, el análisis de las antenas telefónicas ubicaría el dispositivo en Nueva Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, durante toda la jornada del crimen. Para sus abogados, ese dato permitiría cuestionar la presencia del acusado en el lugar donde fueron encontradas las víctimas y constituye uno de los principales argumentos para solicitar que se revise el procesamiento.

La defensa también planteará ante la Cámara una cuestión vinculada con las condiciones de la extradición. Según sostiene, la Corte Suprema de Perú autorizó el traslado de Valverde Victoriano a la Argentina específicamente por la acusación relacionada con los homicidios. Por ese motivo, considera que no podría ser juzgado en el país por otros delitos como narcotráfico, trata de personas o lavado de activos.

El segundo recurso estará centrado en la excarcelación. La defensa cuestionará la decisión del juzgado de primera instancia de mantener la prisión preventiva y sostendrá que se utilizó un criterio que calificó como un «automatismo peligroso», basado principalmente en la gravedad de la pena prevista y en una fuga registrada meses atrás.

Desde el entorno del acusado argumentan que aquella fuga no habría tenido como objetivo evitar el accionar de la Justicia, sino que fue una «reacción de pánico y vulnerabilidad» frente a la exposición pública y mediática del caso. Como alternativa a la prisión preventiva, los abogados propondrán medidas de control como un dispositivo electrónico y la supervisión de una persona responsable.

El tercer planteo estará relacionado con las condiciones de detención. La defensa denunciará que Valverde Victoriano permanece sometido a un régimen de «aislamiento extremo de 23 horas y media diarias», situación que considera incompatible con las garantías previstas por las normas nacionales e internacionales.

Según los abogados, las condiciones actuales también dificultan el contacto del acusado con su madre y su hermana, que viven en Perú, y complican la comunicación con su defensor. Por ese motivo, solicitarán que se revise el régimen de aislamiento y se adopten medidas que permitan garantizar una comunicación adecuada con su defensa.

La audiencia se desarrollará mientras continúa la investigación por el asesinato de Brenda Loreley del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20; y Lara Gutiérrez, de 15, cuyos cuerpos fueron encontrados maniatados y enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las jóvenes habrían sido engañadas en Ciudad Evita, partido de La Matanza, mediante una supuesta invitación a una fiesta privada. Posteriormente habrían sido trasladadas hasta una vivienda situada en la calle Chañar al 700, donde fueron asesinadas.

La investigación sostiene como una de sus principales hipótesis que el triple homicidio podría estar relacionado con una disputa vinculada al narcotráfico y con el presunto robo de un cargamento de estupefacientes. Los investigadores también analizan la posibilidad de que el crimen haya sido registrado o transmitido para enviar un mensaje dentro de una organización criminal, aunque ese aspecto forma parte de las hipótesis que deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.

Con estos elementos sobre la mesa, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín deberá resolver los tres planteos presentados por la defensa de Pequeño J y determinar cómo continúa su situación procesal mientras avanza la investigación por el triple crimen.

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