El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó al exdiputado José Luis Espert por lavado de activos, le impuso un embargo de mil millones de pesos y le prohibió salir del país. La resolución también alcanza al contador Mariano Cosentino, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la firma Varianza Sociedad Anónima, creada por Espert junto con su esposa.

La investigación se centra en los 200.000 dólares que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos. El dinero fue enviado por Federico “Fred” Machado, quien fue condenado en ese país por lavado de activos y estuvo investigado por delitos vinculados con el narcotráfico. Según la resolución, después de recibir la transferencia, Espert ingresó parte de los fondos al sistema financiero argentino y realizó operaciones para darles apariencia de legalidad.

El dinero había salido de una cuenta del Bank of America a nombre de Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa vinculada, de acuerdo con la investigación, a la organización por la que Machado fue investigado por tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude. La socia de Machado, Debra Lynn Mercer Erwin, fue condenada a 16 años de prisión. En 2025, tras ser extraditado, Machado admitió el lavado de activos a cambio de que los fiscales de Texas retiraran la acusación por venta de estupefacientes.

El fiscal Fernando Domínguez determinó que en marzo de 2020 Espert transfirió 50.000 dólares a una cuenta de su titularidad en la sucursal Martínez del Banco Francés. Una parte se habría utilizado para comprar un automóvil BMW. En 2024, vendió ese vehículo y adquirió una camioneta Lexus RX350 por cerca de 130.000 dólares. Para esas operaciones, según la investigación, se utilizó una certificación falsa destinada a ocultar el origen de los fondos.

En junio de 2020 se realizó otra transferencia de 50.000 dólares desde Estados Unidos a la cuenta de Espert en el Banco Francés. El exdiputado convirtió ese dinero en efectivo. Además, en febrero de 2025 entregó fondos a su esposa, María Mercedes González, para incorporarlos al fideicomiso Costa Dunas, vinculado con la compra de un lote en las cercanías de Costa Esmeralda. El juez señaló que aún no se pudo reconstruir por completo el recorrido de todas las operaciones, aunque consideró acreditado el origen ilícito de los fondos investigados.

Para justificar el pago, Espert sostuvo que había firmado un contrato de consultoría con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala vinculada con Machado. El documento, que fue encontrado durante un allanamiento a la casa de Machado, establecía honorarios por un millón de dólares a cambio de un análisis de mercado, asesoramiento para refinanciar deudas y un plan de crecimiento para la empresa. El acuerdo, fechado en junio de 2019, contemplaba un primer pago de 100.000 dólares.

Sin embargo, el fiscal concluyó que la consultoría no se realizó. La investigación indicó que Espert no viajó a Guatemala ni mantuvo conversaciones técnicas vinculadas con el trabajo, y que no emitió facturas por esos servicios. También señaló que la empresa minera tenía una deuda de cinco millones de dólares y que no reclamó la devolución de los 200.000 dólares recibidos, pese a que el supuesto trabajo no se había concretado.

El fallo también examinó la creación de Varianza, constituida por Espert y su esposa el 13 de diciembre de 2019, poco antes de que se recibiera el dinero. Según el juez y el fiscal, la firma fue utilizada para respaldar ingresos que no correspondían a servicios efectivamente prestados. En la investigación se detectó que Varianza registró pagos por más de 1,1 millones de pesos en concepto de sueldos para Espert durante 2020, aunque no habría tenido actividad real.

Cosentino está acusado de colaborar en la estrategia contable utilizada después de la detención de Machado, en abril de 2021. La resolución analiza conversaciones entre Espert, el contador y otras personas, en las que se discutieron los riesgos políticos y la forma de explicar el vínculo con la minera. Para el juez, esos intercambios respaldan la hipótesis de que se buscó justificar el dinero mediante un contrato que no se habría cumplido.

La relación entre Espert y Machado se conoció públicamente durante la campaña presidencial de 2019, luego de que se difundiera una imagen del entonces candidato junto a uno de los aviones del empresario. La transferencia de 200.000 dólares salió a la luz durante la campaña legislativa de 2025, cuando Espert era candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras el escándalo, renunció a su candidatura. En otra investigación que tramita en Comodoro Py también se analizan 36 vuelos que realizó en dos aviones vinculados con Machado.

Espert puede apelar el procesamiento, que no constituye una condena. La causa continúa en etapa de investigación y mantiene abiertas otras líneas relacionadas con operaciones en efectivo y cambios de dólares realizados a través de intermediarios informales. Según la pesquisa, esos fondos luego volvían al sistema bancario y se usaban, entre otros gastos, para afrontar consumos mensuales con tarjeta que llegaban a los 15 millones de pesos.