El gobierno de Javier Milei deberá brindar explicaciones ante la Justicia sobre el envío de oro al exterior realizado en junio de 2024 desde las reservas del Banco Central de la República Argentina. Así lo dispuso la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que revocó un fallo previo y ordenó al organismo monetario informar de manera detallada el destino de los lingotes.

La decisión judicial se conoció este lunes y remarcó que se trata de un asunto de “indudable interés público”, al estar directamente vinculado con la administración de las reservas internacionales y la transparencia de los actos de gobierno. De este modo, el tribunal consideró que no puede mantenerse bajo secreto una operación de semejante relevancia sin una justificación concreta y razonable.

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El reclamo judicial fue impulsado por la Asociación Bancaria, encabezada por el diputado nacional Sergio Palazzo, que en septiembre del año pasado presentó un amparo para acceder a información pública sobre las operaciones vinculadas al traslado de oro al exterior. En primera instancia, el pedido había sido rechazado con el argumento de que se trataba de información protegida por la Ley 27.275 para preservar la seguridad del sistema financiero.

Tras la apelación del gremio, la Cámara concluyó que el Banco Central no logró demostrar de qué manera la difusión de los datos solicitados pondría en riesgo al sistema bancario o financiero. Según el fallo, las respuestas del organismo se basaron en afirmaciones genéricas y no aportaron pruebas que justificaran la aplicación de las excepciones previstas por la ley.

Desde La Bancaria celebraron la resolución judicial y señalaron que el fallo ratifica la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus actos. Palazzo sostuvo que la información requerida no puede considerarse sensible y que negar su acceso impide el control ciudadano sobre decisiones que afectan de manera directa a la economía nacional y la soberanía financiera.

El envío de oro generó fuertes cuestionamientos políticos y económicos. En su momento, el Banco Central confirmó la transferencia de parte de sus reservas entre distintas cuentas, aunque evitó detallar montos y destinos. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la maniobra al sostener que mantener el oro en el exterior permite obtener un retorno financiero, a diferencia de tenerlo inmovilizado dentro del país.

Críticas más duras llegaron desde sectores de la oposición y del ámbito académico. El exministro de Economía Martín Guzmán advirtió que la operación podría estar vinculada a mecanismos financieros como los repos, que implican entregar el oro como garantía a cambio de dólares, con el riesgo de perderlo si no se cumple con la devolución pactada.

En su fallo, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani ordenaron al Banco Central que entregue la información solicitada o, en su defecto, que explique de manera detallada y punto por punto por qué cada dato podría afectar al sistema financiero. Además, subrayaron que la transparencia y el acceso a la información son pilares esenciales del sistema democrático.

La resolución se conoció en un contexto de fuerte tensión económica. En declaraciones recientes, el presidente Milei aseguró que el país afrontará los próximos vencimientos de deuda externa y mencionó operaciones de financiamiento, incluidos acuerdos de repo. En ese escenario, la Justicia consideró imprescindible que la sociedad conozca qué se hizo con uno de los activos más sensibles del país: las reservas de oro del Banco Central.