El viernes por la noche, la Policía Bonaerense allanó la vivienda de una mujer señalada como quien solía dar refugio a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño Jota. Allí encontraron una pistola Glock calibre 40, un pasaporte nuevo a su nombre, recibos de transferencias de grandes sumas de dinero hacia Perú y un esquema de recaudación a través de Mercado Pago. Para los investigadores, todo indica que Valverde estaría huyendo y que podría haberse refugiado en Jujuy, con rumbo hacia Perú.

La organización a la que pertenece tiene un historial marcado por la violencia y vínculos con ex integrantes de Sendero Luminoso. Según los investigadores, Valverde sería sobrino de Marcos Estrada, uno de los capos históricos del narcotráfico en la zona sur de la Ciudad, y primo de “Dumbo”, quien heredó parte del poder. El joven de 23 años habría intentado disputar ese territorio, mientras la trama de complicidades policiales facilitaba la expansión de la banda.

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En paralelo, un chofer de aplicación declaró ante el fiscal Adrián Arribas que trasladó desde la casa donde ocurrió la masacre hacia otra vivienda cercana a dos hombres cubiertos de barro. En ese lugar, los investigadores hallaron la pala con la que se cavó el pozo en el que fueron enterradas las víctimas, prueba de que el crimen estaba planeado de antemano.

La causa también incorporó la confesión de Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido junto a su pareja, quien admitió haber grabado el ataque y transmitido el video a unos 45 miembros de la banda. Según esa versión, una de las víctimas habría sido acusada de quedarse con dinero o droga, lo que habría motivado la brutal represalia.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad destacó la detención en Bolivia de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado oficialmente como el conductor de la camioneta blanca que trasladó a las jóvenes. No obstante, en la causa judicial su nombre no figuraba como buscado, y será el fiscal quien determine su rol en las próximas horas.

La investigación apunta ahora a Pequeño Jota, a su mano derecha Matías Agustín Ozorio y a al menos dos sicarios que habrían participado directamente en el asesinato. Según fuentes judiciales, la organización no responde a una estructura internacional consolidada, sino a un grupo reducido que disputa el control del menudeo en los barrios del sur porteño.

Las revelaciones también ponen en evidencia la complicidad de sectores policiales y la falta de controles estatales en zonas donde los clanes narcos suplen funciones básicas: financian comedores, ofrecen préstamos y captan jóvenes en situación de vulnerabilidad. En ese contexto, las adolescentes terminan expuestas a un circuito de explotación que combina la necesidad económica con la violencia narco.

El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara expuso una realidad marcada por la connivencia entre mafias, estructuras estatales y el abandono social. Para los investigadores, la brutalidad del caso es la expresión más cruda de un entramado que lleva años operando en silencio en el sur del conurbano y la Ciudad.