El gobierno de Estados Unidos presentará ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un amicus curiae en respaldo a la Argentina, con el objetivo de suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF que había sido ordenada por la jueza federal Loretta Preska. La medida busca que la cesión quede paralizada mientras se resuelve la apelación presentada por el Estado argentino.

El anuncio fue difundido por el analista Sebastián Maril, quien explicó que el amicus del Departamento de Justicia representa un respaldo legal explícito de un tercero independiente, en este caso un Estado, que busca influir en la decisión judicial agregando argumentos que refuercen la posición de la Argentina.

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El apoyo del Departamento de Justicia no implica un posicionamiento sobre el fallo principal, que obliga a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de la petrolera, dado que ya vencieron los plazos para apelar esa sentencia. Sin embargo, el gobierno estadounidense considera que la entrega forzosa de acciones afecta la soberanía de la Argentina y viola las normas de inmunidad soberana.

En esa línea, el Departamento ya había presentado un amicus similar en 2023, durante el gobierno de Joe Biden, en el que rechazaba el pedido de los fondos demandantes de quedarse con activos de YPF. Aunque en ese momento Preska desestimó la posición de la Casa Blanca, ahora la intervención busca revertir la orden de entrega inmediata de las acciones.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Nueva York dictó una suspensión temporal de la orden de Preska hasta que ambas partes presenten sus argumentos. Los fondos demandantes tienen tiempo hasta el 17 de julio para oponerse a una suspensión prolongada, mientras que la Argentina podrá responder hasta el 22 de julio. Luego, un panel de tres jueces evaluará si el país puede mantener sus acciones en YPF mientras avanza el proceso de apelación.

La medida frenó, al menos por ahora, la embestida judicial que exigía que Argentina transfiriera su participación en la petrolera estatal en un plazo de 72 horas, en el marco de la histórica causa por la expropiación de YPF en 2012.

Con este nuevo respaldo desde Washington, el gobierno argentino confía en extender la suspensión de la orden hasta la resolución definitiva del litigio.