El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 775/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial, ha decidido eliminar la obligación de las empresas de transporte de larga distancia de contratar un seguro de riesgos de muerte e incapacidad para los pasajeros. La medida, que se enmarca en el plan de desregulación estatal impulsado por la administración de La Libertad Avanza, tiene como objetivo abaratar los costos de los boletos, aunque ha generado preocupaciones y dudas entre los usuarios sobre el impacto en la seguridad.

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, deroga la normativa previa (Resolución 684/2022) que había sido implementada durante el gobierno de Alberto Fernández. Dicha normativa ampliaba el seguro de responsabilidad civil para cubrir riesgos específicos en el transporte automotor interurbano de larga distancia.

Con la derogación de esta medida, las empresas de transporte ya no estarán obligadas a ofrecer seguros adicionales de vida para los pasajeros, y tampoco deberán informar en los boletos sobre el costo de dichos seguros. A partir de ahora, las compañías solo tendrán que brindar los seguros básicos que tengan contratados, lo que ha generado una preocupación significativa entre los usuarios, quienes temen una reducción en las garantías de seguridad durante sus viajes.

La decisión de eliminar el seguro obligatorio se basó en la opinión de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, que consideró necesario "armonizar la reglamentación vigente con el principio de desregulación" establecido por el decreto 70/2023. Este decreto promueve un sistema económico basado en la libre competencia y la eliminación de restricciones que puedan distorsionar los precios de mercado.

Si bien el Gobierno argumenta que esta medida es parte de un esfuerzo por fomentar la libre competencia y reducir costos para los usuarios, la incertidumbre sobre el impacto que podría tener en la seguridad de los pasajeros sigue generando preocupación. Muchos cuestionan si el potencial ahorro en los boletos compensa la posible reducción en las protecciones ofrecidas durante los viajes.

La medida, que forma parte de un plan más amplio de desregulación económica, se suma a otras decisiones similares que buscan reducir la intervención estatal en diversas áreas del mercado, aunque no exenta de polémicas y críticas por sus posibles consecuencias.