El conjunto de propuestas legislativas remitido al Congreso abarca la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión del ajuste jubilatorio, la imposición de sanciones más severas a los manifestantes y la relajación de las restricciones para el uso de la fuerza policial, una reconfiguración del sistema electoral, la flexibilización de las regulaciones ambientales y una revisión de la educación, entre otras medidas. Además, plantea una declaración de emergencia para otorgar poderes legislativos al Ejecutivo por un período mínimo de dos años.

El paquete legislativo presentado al Congreso por Javier Milei eclipsó rápidamente el impacto del reciente decreto desregulador. Esta ambiciosa propuesta abarcó una amplia gama de temas, apropiándose de todas las áreas y prerrogativas posibles: privatización de empresas estatales, medidas severas contra las manifestaciones, cambios en el sistema electoral y representativo, flexibilización de normativas ambientales, suspensión de ajustes en jubilaciones y reformas en la educación, entre otras cuestiones. El megaproyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias, consta de 351 páginas y más de 664 artículos, buscando una transformación estructural abarcando aspectos penales, fiscales, económicos, educativos y sociales, todo contenido en un solo texto para ser debatido durante el verano. A la cabeza de esta ley omnibus, se encuentra una declaración de emergencia que pretende otorgar al Ejecutivo facultades legislativas por dos años, un gesto simbólico en favor de la libertad de mercado.

"Les advertí que habría más", afirmó Milei hace una semana, poco después de presentar el DNU, y ciertamente cumplió. Mientras las cámaras enfocaban las protestas callejeras en el centro de Buenos Aires, Guillermo Francos se trasladaba de la Casa Rosada a la Cámara de Diputados para entregar un paquete de más de 300 páginas envuelto en la bandera argentina a Martín Menem. El título grandilocuente decía: "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". A pesar de que la gran mayoría, incluido Menem, se encontraba por primera vez con el texto, este se comprometió a llevarlo al recinto "lo antes posible". Adentro de este texto se encontraría, de manera cuestionable, el mismo DNU.

En el primer capítulo, Milei deja en claro que no está buscando ayuda del Congreso para gobernar. El proyecto declara la emergencia pública en múltiples áreas y delega al Ejecutivo facultades legislativas extraordinarias por dos años, con la opción de prolongarlas otros dos.

El proyecto también tiene como objetivo evadir la intervención del Parlamento en varios artículos. Por ejemplo, busca derogar la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, diseñada para evitar que un presidente tome grandes préstamos del FMI sin pasar por el Congreso. Además, suspende el ajuste en las jubilaciones y transfiere el Fondo de Garantía y Sustentabilidad al Tesoro Nacional.

Una de las sorpresas fue la inclusión del mismo DNU dentro del texto de la ley: más de 300 derogaciones y modificaciones de leyes resumidas en un solo punto de los más de 600 artículos. Aparentemente, el proyecto busca ratificar el DNU 70/23 a través de un artículo específico, lo que podría permitir tratar el tema en sesiones extraordinarias.

El proyecto también contempla la privatización de 41 empresas estatales, incluyendo Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos y YPF, entre otras.

En cuanto a la represión de las manifestaciones, el proyecto propone penalizarlas severamente y amplía la definición de "legítima defensa" para flexibilizar el uso de la fuerza policial. Por ejemplo, agrava las penas para quienes se manifiesten en las calles y amplía la definición de "manifestación" para incluir cualquier reunión intencional y temporal de tres o más personas.

En lo referente a las retenciones, el proyecto establece un mínimo del 15 por ciento para todas las exportaciones, exceptuando a algunos sectores.

El proyecto también abarca aspectos educativos, de salud, y medioambientales. Incluso modifica leyes de género, como la ley de cupo femenino, y presenta regresiones en cuestiones ambientales, como cambios en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares para permitir actividades mineras en áreas antes prohibidas.