El informe de la DNEC muestra que, durante el periodo enero-marzo de 2021, entre la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal se secuestraron 2.529.141 kilogramos de distintos cereales transportados de manera ilegal, ya sea por carecer de la declaración jurada que da cuenta de la operación de producción y comercialización exigida, o por no contar con la documentación respaldatoria que impone el código aduanero argentino y/o, directamente, escondidos en las orillas de ríos fronterizos, presumiblemente dispuestos para ser exportadas de manera clandestina.

Los cargamentos hallados –que se inscriben en diversas tipificaciones delictuales- muestran un incremento vertiginoso respecto de los 277.849 kilogramos secuestrados durante el mismo periodo de 2020. Se trata de un crecimiento de casi 10 veces más que hace un año. El dato en sí resulta impactante, aunque se vuelve más elocuente si se lo compara con los 85.631 kilogramos secuestrados en 2019. En ese caso, la diferencia entre el período enero a marzo 2021 y enero – marzo de 2019 es de casi 30 veces, una diferencia que deja en evidencia la transformación de los controles del Estado ante delitos federales. Cabe mencionar que, en 2018, el Estado había decomisado, entre enero y marzo, 733 kilogramos de granos, una elocuente falta de interés en la persecución de un delito que afecta la recaudación del erario público, que altera la distribución de alimentos e insumos cruciales para la economía y para la producción del país, así como para la generación y liquidación de divisas que impactan sobre la estructura financiera argentina y sus recursos.

La comparación de estos datos posee otros elementos sumamente significativos. Al iniciar su gestión, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ordenó a las Fuerzas Federales que profesionalizaran los mecanismos de control y revisión exhaustiva de los cargamentos de camiones y la documentación respaldatoria de las mercancías transportadas, así como de las hojas de ruta que los rodados deben llevar obligatoriamente para el desplazamiento de estas mercancías. Para ello, Frederic y las autoridades de las Fuerzas desplegaron tareas estratégicas en cada lugar de control para que este tipo de delitos en particular fueran neutralizados, debido a que se trata de ilícitos de carácter federal que habían sido desconsiderados en términos de política criminal por la gestión anterior.

De allí que, en materia de operativos y despliegues de las Fuerzas, durante el primer trimestre de 2021 se realizaran 144 procedimientos en los cuales se incautó soja, maíz y/u otros cereales transportados de forma clandestina. El dato se vuelve significativo si se lo compara con los 5 procedimientos realizados tanto en 2019 como 2020. Como explica Ángela Oyhandy, directora de la DNEC, fue justamente en marzo de 2020 cuando Frederic ordenó asumir la responsabilidad y centralidad del trabajo contra las grandes redes de comercialización ilegal de este tipo de mercancías. Al igual que muestran las cifras de las toneladas decomisadas, el incremento de operativos realizados en igual período entre 2021 y los dos años anteriores es ilustrativo para comprender la transformación radical de las políticas de Estado en materia de prevención y neutralización de un delito complejo que afecta diversos campos de la experiencia y estructura socioeconómica de Argentina.

Finalmente, entre otros elementos que muestra el informe de la DNEC, cuyos datos son provistos por las Fuerzas, es la cuantificación de las detenciones efectuadas en el marco de estos procedimientos: 101 en total en el primer trimestre de 2021. Estas cifras también terminan resultando ilustrativas de la atención que las Fuerzas de Seguridad han asumido ante estos ilícitos federales y el marcado contraste respecto de la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.

El informe presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación deja en evidencia, a través de los datos operativos, las diferencias en términos de dos modelos contrastantes de Estado ante delitos de corte económico. La decisión de Frederic de impedir la operatoria de las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización ilegal de granos y cereales ha repuesto al Estado en el centro de la regulación y acción contra un delito que, hasta su llegada al frente de esta cartera, contó, entre 2016 y 2019 con una clara pasividad oficial.