El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva prueba para su estrategia económica: renovar deuda en pesos por 6 billones en una licitación del Tesoro, en un contexto marcado por el aumento del riesgo país, que llegó a los 925 puntos, y una mayor presión del mercado financiero para dolarizar carteras.

La operación será un anticipo de los compromisos de mayor volumen previstos para fines de noviembre, cuando el Tesoro deberá afrontar vencimientos por otros 15 billones de pesos. El resultado de la licitación será clave para determinar qué rendimiento deberá ofrecer el equipo económico para conseguir que los inversores mantengan sus posiciones en moneda nacional.

Uno de los principales factores de preocupación es el incremento de las tasas de interés. El jueves, las cauciones bursátiles a un día alcanzaron una tasa nominal anual del 26,10 por ciento, mientras que las operaciones a siete días llegaron al 45 por ciento. El movimiento reflejó la mayor demanda de liquidez en el sistema financiero y la incertidumbre ante los próximos compromisos de deuda.

Las licitaciones del Tesoro son una herramienta central para la estrategia monetaria y cambiaria que coordinan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En un escenario de tensión, las entidades financieras buscan contar con más liquidez para responder a posibles retiros de depósitos y a una eventual demanda de dólares por parte de sus clientes.

El director de CP Consultora, Pablo Moldovan, advirtió que los bancos deben prepararse ante posibles presiones de dolarización de sus depositantes y ante la necesidad de revertir posiciones negativas en moneda extranjera.

Según explicó, el Gobierno enfrenta una disyuntiva: ofrecer mayores rendimientos para mantener el ahorro en pesos y evitar una expansión monetaria, o permitir que haya más liquidez en el sistema, con el riesgo de que esa disponibilidad se traslade a una mayor demanda de dólares.

La preocupación también alcanza al impacto que las tasas elevadas pueden tener sobre la actividad económica. Haroldo Montagú sostuvo que una nueva suba de los rendimientos podría comprometer la estrategia oficial de recuperación del crédito y el consumo. El encarecimiento del financiamiento representa un obstáculo para empresas y familias que necesitan acceder a préstamos.

En la misma línea, el analista financiero Christian Buteler señaló que existe una relación entre la inestabilidad cambiaria y el incremento del riesgo país. Advirtió que, si aumenta la presión sobre el dólar, los inversores podrían desprenderse de bonos en el mercado secundario para obtener liquidez y comprar divisas, lo que a su vez podría impulsar las tasas de interés.

Durante esta semana, el equipo económico realizó operaciones en el mercado secundario para sostener las cotizaciones de los títulos públicos e intentar evitar una suba anticipada de los rendimientos antes de la licitación. El mercado espera que esas intervenciones continúen, aunque también generan cuestionamientos por el posible financiamiento indirecto del Tesoro a través del Banco Central, una práctica que es observada por el Fondo Monetario Internacional.

Para la primera licitación de noviembre, el Ministerio de Economía presentó un menú de instrumentos cuyos vencimientos se concentran mayoritariamente antes de diciembre de 2027. La estrategia apunta a evitar que los títulos incorporen el riesgo electoral asociado al cambio de gobierno. La excepción es la reapertura de un bono ajustado por inflación, con vencimiento en junio de 2028, identificado como TZX28.

El menú también incluye un instrumento vinculado con la evolución del dólar mayorista: la Letra vinculada al dólar cero cupón, con vencimiento el 15 de enero de 2027.

A las dificultades financieras se sumaron las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado difundido por el Banco Central. El informe mostró que las consultoras económicas prevén un crecimiento de apenas el 0,7 por ciento para el año, por debajo de las estimaciones anteriores, y elevaron sus expectativas de inflación al 1,8 por ciento mensual para octubre y noviembre.

El escenario plantea un desafío para el equipo económico. Si decide convalidar tasas más altas para garantizar la renovación de los vencimientos y contener la demanda de dólares, podría encarecer el crédito y dificultar la recuperación de la actividad. Si, en cambio, ofrece rendimientos más bajos y no consigue renovar la totalidad de la deuda, una mayor cantidad de pesos podría quedar disponible en el mercado y alimentar las presiones cambiarias e inflacionarias.

A este panorama se sumó la preocupación por las consecuencias de la crisis financiera de Paraguay, tras la intervención de Ueno Bank. El episodio abrió interrogantes sobre los mecanismos de supervisión del sistema financiero y sus posibles efectos sobre entidades y empresas con vínculos comerciales en la Argentina.

La crisis paraguaya también reavivó el debate sobre el papel de los organismos de control y la capacidad del Banco Central argentino para supervisar a las entidades financieras, en un contexto en el que el Gobierno impulsa una política de desregulación.

Los efectos sobre el mercado local podrían alcanzar a empresas, proveedores y ahorristas que mantengan relaciones comerciales con la entidad paraguaya. Sin embargo, el interrogante de fondo pasa por la confianza en los mecanismos de supervisión y por la posibilidad de que existan riesgos similares en el sistema financiero argentino.

Con vencimientos millonarios por delante, tasas en alza y expectativas económicas más moderadas, la próxima licitación del Tesoro se convirtió en una instancia decisiva para medir la capacidad del Gobierno de sostener su estrategia financiera sin profundizar las tensiones sobre el dólar, el crédito y la actividad económica.