El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), principalmente en contrataciones vinculadas con el programa Incluir Salud. Según la resolución, los tres son sospechados de haber actuado como “jefes de la asociación ilícita” que habría operado dentro y fuera del organismo para direccionar compras públicas.

La nueva resolución también amplió el procesamiento de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados presuntos integrantes de la organización. Todos ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026. Además, la Justicia dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de otras 19 personas, entre ellas empresarios vinculados con laboratorios y empresas proveedoras de insumos ortopédicos.

De acuerdo con el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, las maniobras investigadas habrían generado diferencias de precios por más de 7.833 millones de pesos entre medicamentos e insumos médicos. “La decisión profundiza la investigación de una organización delictiva que habría direccionado contrataciones públicas”, señaló Lijo en el expediente.

A Spagnuolo y a los demás acusados se les atribuyen, de manera provisoria, los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. La causa continúa bajo investigación y las imputaciones deberán ser analizadas durante el desarrollo del proceso judicial.

En su resolución, Lijo consideró que las pruebas reunidas hasta el momento permiten tener acreditada “en grado de probabilidad” la existencia de una organización delictiva con funcionamiento dentro y fuera de la Andis. Según la hipótesis planteada por el juez, Spagnuolo y Garbellini habrían operado desde el interior del organismo, mientras que Calvete y Atchabahian se habrían desempeñado fuera de la estructura estatal, en coordinación con empresarios que buscaban favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado nacional.

Las prácticas bajo análisis habrían incluido la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas. De acuerdo con la investigación, ese mecanismo habría permitido establecer sobreprecios y canalizar parte de los fondos hacia funcionarios y otros integrantes de la organización.

Para el juez, no se habría tratado de operaciones aisladas, sino de una “actuación organizada y sostenida en el tiempo”. La pesquisa busca determinar el alcance de la estructura, el rol específico de cada uno de los procesados y el destino de los fondos presuntamente obtenidos mediante las contrataciones investigadas.