El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó ante la Justicia una nueva acción de amparo contra el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), cuya licitación por el 90% del paquete accionario tiene como fecha de cierre el próximo 15 de septiembre.

La presentación judicial cuestiona las condiciones establecidas por el Gobierno nacional para la licitación y, particularmente, la exclusión de las empresas estatales provinciales de la posibilidad de participar del proceso. En ese marco, Gray reclamó que Agua Bonaerense S.A. (ABSA) pueda competir en igualdad de condiciones con los restantes interesados.

La nueva acción fue presentada ante los tribunales federales de La Plata, luego de que el Gobierno nacional extendiera el plazo previsto para avanzar con la privatización. Se trata del segundo planteo judicial impulsado por el jefe comunal, quien anteriormente había recurrido a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

En su nueva presentación, Gray también planteó la necesidad de resguardar el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos esenciales y cuestionó cualquier mecanismo que pueda poner en riesgo la prestación de estos servicios. Además, sostuvo que deben contemplarse las competencias de la Provincia de Buenos Aires vinculadas con sus recursos naturales y la prestación de servicios de saneamiento.

"El acceso al agua potable y al saneamiento cloacal es un derecho humano y una responsabilidad que el Estado debe garantizar. En el contexto económico actual, donde muchas familias tienen dificultades para afrontar los gastos básicos, no podemos permitir que una mora de 60 días implique quedarse sin saneamiento y agua potable, ni que se posterguen las obras de cloacas que necesitan nuestros municipios. Necesitamos inversiones para ampliar las redes y garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a estos servicios esenciales”, expresó el jefe comunal.

Gray cuestionó además que el pliego de la licitación deje afuera a las empresas estatales provinciales. Para el intendente, esa condición impediría que ABSA pueda participar en igualdad de condiciones dentro de un proceso que definirá el futuro de un servicio considerado estratégico para millones de usuarios.

El planteo también pone el foco en el modelo de gestión que podría adoptar el futuro concesionario. En particular, Gray advirtió sobre los riesgos de que los criterios de rentabilidad tengan prioridad por sobre la expansión y universalización de las redes de agua potable y saneamiento.

La preocupación adquiere especial importancia en materia de infraestructura cloacal, donde todavía existen municipios y barrios bonaerenses que requieren nuevas obras y ampliaciones de las redes existentes. Desde el entorno del intendente remarcaron que las inversiones resultan necesarias para extender la cobertura y garantizar la prestación de los servicios esenciales.

Otro de los puntos cuestionados en la acción judicial está relacionado con la posibilidad de que el futuro concesionario interrumpa el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento cloacal ante determinadas situaciones de mora. Gray considera que esa facultad debe ser revisada debido al carácter esencial de las prestaciones y a su relación directa con el derecho a una vida digna.

De esta manera, el intendente de Esteban Echeverría volvió a recurrir a la Justicia para intentar frenar o modificar las condiciones del proceso de privatización de AySA, al tiempo que reclama que la Provincia pueda intervenir a través de ABSA y que cualquier decisión sobre el servicio contemple la necesidad de ampliar las redes y garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento.