El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó ante la Justicia una acción de amparo contra el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos, cuya licitación por el 90 por ciento del paquete accionario tiene como fecha límite el 27 de agosto. El jefe comunal cuestionó las condiciones establecidas en el pliego y reclamó que el Estado provincial participe de la compulsa mediante Aguas Bonaerenses.

Gray expresó su preocupación por el futuro de las obras de expansión y mantenimiento de las redes de agua potable y desagües cloacales, especialmente en los municipios que todavía presentan importantes déficits de infraestructura. Según planteó, el proceso de privatización podría afectar la continuidad de inversiones necesarias para ampliar la cobertura del servicio.

“Me preocupa sobremanera que, privatizada la empresa, no se hagan las inversiones necesarias para alcanzar la totalidad del área de cobertura, teniendo en cuenta que las inversiones más importantes siempre las realizó el Estado Nacional. Por todo lo cual, y dada la entidad que tiene la privatización de AySA y el impacto sobre la vida y la salud de millones de bonaerenses, es que solicito que el Estado provincial se presente a dicha licitación como oferente a través de la empresa ABSA”, sostuvo el intendente.

El planteo judicial se suma a los pedidos que Gray había realizado públicamente al gobernador Axel Kicillof para que la Provincia se presentara como oferente en la licitación del paquete accionario de AySA mediante Aguas Bonaerenses.

Entre los puntos cuestionados por el jefe comunal se encuentra el esquema de inversiones previsto en el proceso de privatización. Según señaló, las metas establecidas para los primeros diez años en materia de expansión de las redes de agua potable y desagües cloacales resultarían insuficientes frente a las necesidades actuales de la región.

De acuerdo con el planteo de Gray, las principales obras destinadas a ampliar el sistema metropolitano de agua y saneamiento quedarían postergadas para etapas posteriores. Esto, advirtió, podría demorar proyectos necesarios para acompañar el crecimiento poblacional y urbano, además de mejorar las condiciones sanitarias de distintos municipios bonaerenses.

Otro de los aspectos señalados en la presentación judicial está relacionado con las condiciones para la interrupción del servicio por falta de pago. Según el artículo 8.9 del pliego citado por el intendente, la futura concesionaria podría disponer el corte para usuarios residenciales cuando la mora supere los 60 días corridos y para usuarios no residenciales cuando supere los 15 días corridos, computados desde el segundo vencimiento de la factura correspondiente.

La licitación fue convocada mediante la Resolución N.º 704/2026 y contempla la transferencia del 90 por ciento del paquete accionario de AySA. Para Gray, las condiciones establecidas deben ser analizadas teniendo en cuenta que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un servicio esencial y tiene un impacto directo sobre la salud y la calidad de vida de la población.

“Garantizar el acceso universal es uno de los principios que históricamente orientaron la política pública de agua potable y saneamiento en nuestro país. Esto adquiere especial relevancia para municipios como Esteban Echeverría, que continúan demandando importantes obras de infraestructura para ampliar las redes de agua potable y desagües cloacales, y acompañar el crecimiento demográfico y urbano registrado en los últimos años”, sostuvo Gray.

El intendente fundamentó así su presentación en la necesidad de garantizar que cualquier modificación en el esquema de gestión de AySA no implique un retroceso en la expansión de los servicios ni demore obras consideradas prioritarias para los municipios del área metropolitana.

Con la acción de amparo, Gray busca que la Justicia intervenga sobre el proceso de privatización y pone nuevamente en discusión el papel que debería asumir el Estado en la planificación y ejecución de las obras de agua y saneamiento, en un contexto en el que la prestación del servicio y las inversiones de infraestructura quedaron en el centro del debate.