La protesta de jubilados frente al Congreso terminó con una fuerte represión policial, dejando como saldo cientos de detenidos, manifestantes heridos y un fotógrafo en estado crítico. La marcha, que reclamaba mejoras en las jubilaciones y el acceso a medicamentos, fue reprimida con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes antes de su inicio oficial.

El operativo de seguridad, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario. Entre los heridos se encuentra Pablo Grillo, fotógrafo de FM La Tribu, quien recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, sufriendo una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. También resultó herida Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años, tras recibir un golpe en la cabeza por parte de un policía.

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Las fuerzas de seguridad detuvieron a alrededor de 150 personas, entre ellas dirigentes gremiales y militantes de movimientos sociales. A pesar de la represión, la protesta continuó en distintos barrios porteños con cacerolazos que se extendieron hasta la noche.

Los manifestantes reclamaban:

✔️ Un aumento en las jubilaciones, ya que la mínima es de $279.000 más un bono de $70.000.
✔️ La restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI, eliminados por el Gobierno de Milei.
✔️ La reapertura de la moratoria previsional, que permitía a miles de personas acceder a una jubilación.

La represión fue justificada por Bullrich, quien calificó a los manifestantes como "energúmenos" y afirmó que intentaban "tomar el Congreso". Sin embargo, videos registrados en la plaza muestran a efectivos policiales plantando un arma entre los manifestantes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la protesta como un "acto de violencia", mientras que el presidente Javier Milei compartió una imagen de una pintada que decía “Hay que matar al Presidente”, atribuyéndola a los manifestantes.

La represión de la protesta de jubilados marca un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno para sofocar la movilización social, avanzando sobre sectores cada vez más amplios de la población.