El proyecto de ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, enfrenta la amenaza de veto por parte del presidente Javier Milei si es convertido en ley por el Senado. Esta nueva fórmula es sustancialmente más beneficiosa y contemplativa de la crisis económica actual en comparación con la propuesta por el Gobierno, que resulta más restrictiva en términos de derechos previsionales.

Claves de las iniciativas en disputa

La fórmula de movilidad de la oposición:

• Haber mínimo: No debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de 285 mil pesos.
• Pago extra: Un 8% adicional para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, frente al 12,5% otorgado por el gobierno según su índice de movilidad.
• Actualización semestral: La movilidad se ajustará semestralmente con un aumento adicional en marzo, correspondiente al 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación.
• Deudas provinciales: Las deudas de las cajas previsionales provinciales serán canceladas por ANSES o con fondos de impuestos nacionales, sin afectar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

La fórmula de movilidad del gobierno de Milei:

• Único parámetro: Basada exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin contemplar aumentos retroactivos para compensar pérdidas anteriores.
• Eliminación de la moratoria previsional: Aquellos sin los años de aporte necesarios no podrán jubilarse.
• Restricciones para mujeres: Afecta especialmente a mujeres que no cumplen con los 30 años de aportes en ANSES.
• Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM): Quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años, cobrando el 80% del haber mínimo y demostrando situación de vulnerabilidad social.
• Prestación de Retiro Proporcional (PRP): En reemplazo de la moratoria, se crea la PRP con un haber equivalente a la PUAM, accesible bajo las condiciones de tener 65 años o más, acreditar un mínimo de 10 años de aportes y no haber renunciado voluntariamente a un empleo en los últimos 36 meses.

La iniciativa aprobada por la oposición busca reparar los efectos del ajuste económico reciente y ofrecer una solución más justa para los jubilados, mientras que la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) implica una reducción significativa de beneficios y mayores restricciones para acceder a la jubilación. Esta situación refleja la tensión política y social en torno a los derechos previsionales en Argentina.