La motosierra de Javier Milei continúa su arremetida con los recortes económicos a las provincias, exacerbando el conflicto con los gobernadores. Con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado recientemente, el Gobierno nacional ha eliminado las transferencias que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) realizaba por ley a 13 cajas de jubilaciones provinciales. Esta medida, que ha generado fuertes críticas, afecta a provincias de diversos signos políticos como Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

El DNU de Milei también deroga varios artículos de la Ley de Presupuesto 2023, lo que reduce aún más los recursos destinados a las provincias. Entre las disposiciones eliminadas se encuentran la prórroga de los recursos para las cajas jubilatorias provinciales y los fondos de Compensación al Transporte Público del Interior y de Incentivo Docente. Esta situación agrava aún más las finanzas provinciales y genera tensiones adicionales entre el gobierno central y las administraciones locales.

Desde la llegada de Milei al poder, las transferencias a las provincias han sido suspendidas, lo que ha generado un creciente descontento entre los gobernadores y un incremento en la presión financiera sobre las administraciones provinciales. Aunque el Gobierno Nacional argumenta la necesidad de ajustar el gasto público, muchos ven estas medidas como un ataque directo a las autonomías provinciales y un intento de centralizar aún más el poder en el gobierno central.

La reacción de las provincias no se ha hecho esperar. Funcionarios de Santa Fe, como Jorge Boasso, han criticado duramente la decisión de Milei y han advertido sobre la posibilidad de recurrir a la vía judicial para detener los recortes. Boasso señala que estas medidas representan una "apropiación indebida de fondos" y enfatiza la necesidad de respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.

Si bien Santa Fe ha sido la primera en alzar la voz contra estos recortes, otras provincias también podrían seguir el mismo camino. Algunas ya tienen antecedentes de reclamos judiciales por recursos adeudados, y es probable que recurran nuevamente a la justicia para defender sus intereses.

En resumen, el nuevo DNU de Milei ha abierto un nuevo frente de conflicto con las provincias, alejando aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el marco del Pacto de Mayo. Los gobernadores, incluso aquellos considerados "dialoguistas", se encuentran entre los más afectados por estas medidas, lo que complica aún más la relación entre el gobierno central y las administraciones provinciales.