En los últimos días, se volvió cada vez más frecuente ver a los pasajeros, en horario pico, saltar los molinetes para tomar el tren, ante la resignada pasividad de los guardias de seguridad. Algunos analistas recuerdan que esa imagen fue la que dio inicio a las revueltas contra el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, en 2019.

Sin embargo, este miércoles los pasajeros se encontraron con un obstáculo aún mayor para llegar a sus lugares de trabajo: la falta de servicio de trenes debido a una medida de fuerza llevada a cabo por La Fraternidad, en demanda de mejoras salariales, con un alto grado de acatamiento.

Otra preocupación que pesa sobre las familias en el conurbano y en todo el país es la incertidumbre sobre el inicio de clases, habitualmente programado para principios de marzo. El gobierno ha emitido declaraciones contradictorias sobre la negociación salarial con los docentes. Aunque inicialmente se negaba a convocarla, finalmente accedió a hacerlo. Sin embargo, el fracaso reciente en las negociaciones del Consejo del Salario, donde el gobierno no mostró disposición para llegar a un acuerdo con los sindicatos y se terminó concediendo un aumento del 35% en lugar del 85% solicitado, junto con su discurso anti-sindical constante, generan pocas expectativas en las agrupaciones docentes.

Al mismo tiempo, algunas provincias están llevando su reclamo sobre el Fondo de Incentivo Docente (FONID) a la justicia, el cual el gobierno nacional solía utilizar para complementar los ingresos de los trabajadores de la educación. El diputado nacional bonaerense Máximo Kirchner, en línea con el gobernador Axel Kicillof, ha presentado un proyecto de ley para garantizar la continuidad del flujo de fondos.

El presidente de la Asociación de Supermercados, Juan Vasco, ha afirmado que "hay que remontarse al 2001 para ver una caída tan abrupta, pero con la particularidad de que hoy no se perdieron clientes: con la misma cantidad de tickets no se compra la misma cantidad de productos".

A este escenario ya crítico pronto se sumarán los anunciados aumentos en las tarifas de servicios públicos, empezando por la electricidad y luego el gas.

En contrapartida a esta pérdida de capital político, y en gran medida, como explicación de la buena imagen de los intendentes, se encuentra el rol de las multisectoriales. Estos conglomerados, promovidos por la CGT y las CTA en coordinación con los líderes locales, agrupan y representan a los afectados por las políticas económicas y sociales, desde trabajadores y jubilados hasta pequeñas y medianas empresas, comercios y asociaciones de infancia y discapacidad.

La razón por la cual se responsabiliza al Presidente de la catástrofe y no a los intendentes o al gobernador radica en la rápida respuesta política de estos últimos.

La CGT está considerando convocar a un nuevo paro general, apenas un mes después de la medida del pasado 24 de enero, en protesta contra la fallida ley ómnibus y el DNU 70/2023, cuya validez aún está pendiente de tratamiento legislativo.