En el día de ayer nos encontramos con un nuevo texto con modificaciones del proyecto  inicial de la conocida como Ley ómnibus enviada por el actual gobierno al Congreso. El  mismo incorpora en esta oportunidad el siguiente texto: “Deróganse los artículos 19 y 20 de  la Ley Nro 26522”. Así, en una sola frase, el gobierno y una parte del congreso pretende  disolver la Defensoría del Público y con ella años de políticas de protección de derechos. 

En el año 2009 se promulgo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reemplazando  una vieja ley de la dictadura militar y consagrando un gran avance en términos de derecho  a la comunicación de todos y todas. En este marco la incorporación y defensa del Art. 66 de  la Ley que consagra el derecho de Accesibilidad en los medios de comunicación fue el  resultado de un proceso participativo donde organizaciones de Personas con Discapacidad entre otras, tuvimos un rol protagónico. Algunos años más tarde, estas y otras  organizaciones creamos conjuntamente, y en el marco de la Defensoría del Público, el  Observatorio de Accesibilidad con el objeto de velar por la inclusión, la visibilizacion y la  desestigamtización de personas y colectivos históricamente vulnerabilizades, en el ámbito  de los medios de comunicación. Un amplio abanico de colectivos sociales y culturales cuyo  derecho a la comunicación se ve intervenido por barreras objetivas y simbólicas de todo  tipo. Esta propuesta traía la fuerza de las muchísimas audiencias publicas que en todo el  territorio nacional se habían llevado a cabo escuchando las necesidades, preocupaciones y  propuestas de la ciudadanía.  

En estos 10 años de existencia del Observatorio y aún con los vaivenes político institucionales, se ha trabajado incansablemente por garantizar la accesibilidad a la  comunicación de las Personas con Discapacidad visual, auditiva, intelectual, de las  comunidades lingüísticas diversas, de las infancias y las vejeces, entre otras. Entre nuestras  actividades habituales se destacan: recomendaciones, herramientas, monitoreos,  intermediaciones con medios, capacitaciones, actividades de sensibilización, de incidencia.  Muchísimo camino queda aun por recorrer, muchos derechos aun no son plenamente  garantizados para todas y todos, pero estamos seguros de que el camino iniciado no puede  concluir caprichosamente como parte de una solución negociada entre otros derechos tan  importantes como éste. Estamos convencidos que todo lo que no se haya alcanzado hasta  acá se logrará con mas estado, participación social y políticas publicas y no con menos.  

Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la posibilidad inminente del cierre  de la Defensoría del Público, así como el Observatorio que de ella depende y todas sus áreas  sustantivas de defensa de las audiencias. Los Derechos Humanos no son un discurso ni una  bandera, son mejoras concretas en la calidad de vida de millones de argentinos y argentinas  y de la calidad democrática, a través de la construcción de una conciencia colectiva acerca  de los problemas sociales como responsabilidad de un pueblo y su Estado. 

Las Organizaciones que conformamos el Consejo Asesor de la Sociedad Civil exigimos al  Congreso de la Nación y sus legisladores, así como al Poder Ejecutivo que impulsa esta mega  ley, ser ESCUCHADOS, LEIDOS, MIRADOS, como otros tantos actores involucrados en las  importantísimas decisiones que están en juego en el marco del presente proyecto. 

Nuestro derecho a la comunicación y a la participación, el acceso a la información, a nuestra  cultura audiovisual y a la vida democrática están en juego y son una NECESIDAD URGENTE.  No pedimos privilegios, exigimos no atropellen nuestros derechos. 

23 de Enero de 2024