La investigación, a cargo de la División Investigación de Delitos Contra el Automotor de la PFA, surgió a raíz de dos detenciones realizadas en Buenos Aires en 2018, cuando el personal policial interceptó a dos personas que, de manera sospechosa, transportaban un vehículo para ingresarlo en un depósito.

Tras inspeccionar el rodado, las y los agentes de la PFA comprobaron que éste provenía de la provincia de Mendoza y que había sido denunciado como robado meses atrás en la localidad bonaerense de El Palomar. Además, las y los trabajadores de la fuerza federal identificaron que el vehículo tenía las numeraciones registrales del motor y chasis adulteradas, lo que daba la pauta de que el objetivo de quienes tenían el auto era venderlo de manera ilegal.

Posteriormente, las pesquisas efectuadas por la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 21 a cargo del Dr. Carlos Alberto Vasser, Secretaría de la Dra. Sáenz Samaniego, junto con las tareas de campo llevadas a cabo por las y los miembros de la fuerza, establecieron que aquellas dos detenciones tenían relación con una red de transporte de automóviles: éstos eran trasladados en camiones de carga desde Buenos Aires hacia distintos comercios de compra y venta ubicados en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Tras la extensa investigación y con el total de las pruebas acumuladas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo de la Dra. Paula González, Secretaría N° 136 a cargo del Dr. Strifezza, ordenó realizar cinco allanamientos en la ciudad de San Rafael y tres en las localidades bonaerenses de Morón y San Martín.

Como resultado del operativo, 21 personas quedaron afectadas a la causa. Asimismo, se les secuestraron más de dos millones de autopartes, cientos de chasis, un camión, siete vehículos con pedido de secuestro, entre ellos un auto antiguo de colección y demás elementos de interés para la causa. Los involucrados, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.