ACTUALIDAD
20 de noviembre de 2026
El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad tras meses de reclamos y movilizaciones
Los 71 senadores presentes respaldaron la iniciativa que busca garantizar la continuidad de las medidas de emergencia para el sector. Organizaciones y familias celebraron la sanción, pero advirtieron que su aplicación dependerá de los fondos incluidos en el Presupuesto 2027.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Fortalecimiento de la Discapacidad, en una votación que reunió el respaldo de los 71 legisladores presentes y que fue resultado de meses de reclamos, movilizaciones y gestiones de organizaciones, familias, personas con discapacidad y prestadores de servicios de todo el país. La iniciativa busca establecer un régimen permanente para las medidas que estaban contempladas en la Ley de Emergencia, cuya vigencia finaliza en diciembre.
La sanción fue recibida con celebraciones frente al Congreso, donde familiares y representantes de distintas organizaciones destacaron el papel de la movilización popular para conseguir el respaldo legislativo. Sin embargo, junto con el festejo también apareció una advertencia: la nueva normativa necesitará partidas presupuestarias suficientes para convertirse en una política efectiva y garantizar los derechos del colectivo.
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) destacaron la aprobación, aunque remarcaron que el principal desafío será conseguir que el Gobierno cumpla con lo establecido. "Esta ley sin presupuesto no se sostiene. Sin las partidas necesarias, esta ley es letra muerta", señalaron desde la organización. Una de las madres que participó de los reclamos frente al Congreso resumió el sentimiento de las familias con una frase: "La lucha venció a la crueldad".
Durante el debate, distintos senadores de la oposición vincularon la aprobación con los reclamos sostenidos por el sector y cuestionaron las políticas del Gobierno de Javier Milei hacia las personas con discapacidad. También recordaron las declaraciones del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione, donde sostuvo que el progreso de una nación también se mide por la capacidad de recibir y acompañar a las personas con discapacidad y necesidades especiales.
La senadora catamarqueña Lucía Corpacci afirmó que, desde el inicio de la actual gestión nacional, las personas con discapacidad quedaron desprotegidas y aclaró que el proyecto aprobado no había sido impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo. En la misma línea, la tucumana Beatriz Ávila recordó el recorrido de la Ley de Emergencia y sostuvo que la discapacidad no puede convertirse en una variable de ajuste.
Por su parte, la senadora bonaerense Juliana di Tullio cuestionó la falta de respuestas del Gobierno y apuntó contra el trato del Presidente hacia el colectivo. También recordó los mensajes publicados por Milei en redes sociales contra un niño con autismo y calificó de contradictorio el discurso oficial frente a las necesidades de las personas con discapacidad.
Uno de los antecedentes centrales del conflicto fue el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el 10 de julio de 2025. El rechazo de Javier Milei fue posteriormente revertido por ambas cámaras legislativas, que reunieron los dos tercios necesarios para insistir con la norma. Sin embargo, el Gobierno condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.
La controversia continuó en los tribunales, donde la Justicia consideró que el Estado no podía justificar la falta de implementación únicamente por cuestiones presupuestarias. Finalmente, el Ejecutivo reglamentó la Ley 27.793 el 4 de febrero, aunque las organizaciones denunciaron que las medidas seguían sin cumplirse plenamente y llevaron el reclamo nuevamente al ámbito judicial.
Durante ese período, las familias, las personas con discapacidad y los prestadores realizaron numerosas movilizaciones frente al Congreso para exigir respuestas. En varias oportunidades, las protestas terminaron con intervenciones policiales y episodios de represión.
La posibilidad de avanzar con una nueva legislación tomó impulso cuando distintos sectores de la oposición comenzaron a reclamar la prórroga de la emergencia. A ese escenario se sumó el anuncio de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, una institución que había advertido sobre las dificultades económicas que atravesaba por la falta de financiamiento.
En ese contexto, sectores del oficialismo comenzaron a trabajar en una propuesta alternativa. La iniciativa terminó incorporando varios de los principales puntos de la Ley de Emergencia que reclamaban las organizaciones y consiguió avanzar en el Congreso. Patricia Bullrich y Martín Menem participaron de las negociaciones, mientras que el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad tuvo a su cargo reunir planteos de distintos sectores para elaborar un texto de consenso.
La propuesta también estuvo atravesada por las discusiones sobre el Presupuesto 2027. Un capítulo del proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno contemplaba modificaciones que podían afectar derechos reconocidos por las leyes de discapacidad. Esa situación generó nuevas diferencias dentro del oficialismo y obligó a revisar aspectos de la iniciativa.
Durante el debate en el Senado, Patricia Bullrich defendió la nueva legislación y sostuvo que permitirá brindar mayor transparencia y previsibilidad a las familias. También destacó la incorporación de mecanismos de auditoría y control para supervisar el funcionamiento del sistema. Según la senadora, a diferencia de la legislación anterior, la nueva norma establece de dónde provendrán los recursos para su implementación.
Desde la oposición, en cambio, manifestaron dudas sobre el compromiso del Ejecutivo para garantizar su cumplimiento. El senador Eduardo De Pedro pidió que se observe cómo actuará el Gobierno a partir de ahora, mientras que el rionegrino Martín Soria advirtió que el respaldo oficial a la nueva ley no debe ocultar las contradicciones que, según sostuvo, mantiene la administración nacional en materia presupuestaria.
La principal preocupación de las organizaciones está puesta precisamente en el financiamiento. La semana próxima, la Cámara de Diputados tiene previsto avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027, donde deberán quedar contempladas las partidas necesarias para garantizar la aplicación de la normativa.
Ana María Dones, referente de REDI, celebró el resultado legislativo, aunque aclaró que la nueva ley no reúne todas las demandas del colectivo. También advirtió sobre la situación económica de los prestadores de servicios de salud, muchos de los cuales acumulan importantes deudas y atraviesan dificultades para sostener sus actividades.
En tanto, la actriz Valentina Bassi destacó que el cambio de postura del oficialismo demuestra la fuerza que alcanzaron los reclamos. Sin embargo, coincidió en que la sanción legislativa no garantiza por sí sola una mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad si el Poder Ejecutivo no cumple con las obligaciones establecidas.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad también celebró la aprobación y atribuyó el resultado a la lucha sostenida de las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores, prestadores y organizaciones de todo el país.
Con los 71 votos afirmativos, la nueva Ley de Fortalecimiento de la Discapacidad quedó definitivamente sancionada. Ahora, la atención estará puesta en el Presupuesto 2027 y en la decisión del Gobierno nacional de garantizar los recursos necesarios para que la conquista legislativa se traduzca en respuestas concretas para uno de los sectores más afectados por la crisis.
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