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17 de noviembre de 2026
Reforma electoral: las colectoras abren una nueva pelea y ponen en duda el apoyo de Bullrich y el PRO
El proyecto del Gobierno incluye la suspensión de las PASO, cambios en Ficha Limpia y la posibilidad de que gobernadores aliados sumen sus propias listas a la boleta presidencial de Javier Milei. Las objeciones de sus socios complican la negociación en el Senado.
El Gobierno nacional enfrenta una semana clave para avanzar con su reforma electoral, pero las diferencias con sus propios aliados comenzaron a poner en duda el respaldo necesario para llevar el proyecto al recinto. El punto más conflictivo es la incorporación de las colectoras para las elecciones de 2027, una herramienta que permitiría a los gobernadores acompañar la candidatura presidencial de Javier Milei sin resignar sus propias listas legislativas.
El borrador también contempla la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), modificaciones al régimen de Ficha Limpia y cambios en el financiamiento y los requisitos para la conformación de partidos políticos. Sin embargo, la propuesta abrió cuestionamientos dentro del PRO, el radicalismo y sectores aliados que todavía no definieron su posición.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo al Código Electoral que habilitaría, de manera excepcional para 2027, que una fórmula presidencial de un partido nacional pueda aparecer acompañada por dos columnas de candidaturas legislativas en un mismo distrito. Una correspondería a la agrupación nacional y la otra a un partido distrital aliado que no respalde a otro candidato presidencial.
Cada espacio presentaría sus propias listas y los votos se contabilizarían por separado. En la Boleta Única de Papel, la fórmula presidencial aparecería una sola vez, ocupando el espacio correspondiente a ambas columnas. Si un elector marcara los dos casilleros legislativos, el voto sería válido para presidente, pero quedaría anulado para las demás categorías.
Para utilizar este mecanismo, los partidos deberían alcanzar un acuerdo previo ante el juez electoral, con la conformidad de sus apoderados y, cuando corresponda, la autorización para utilizar símbolos y colores de la agrupación nacional. La disposición tendría vigencia limitada: caducaría una vez finalizado el proceso electoral de 2027.
La propuesta está vinculada directamente con la suspensión de las PASO y la decisión de dejar la selección de candidatos en manos de las cartas orgánicas de cada partido. De esta manera, los gobernadores aliados podrían respaldar la candidatura presidencial de Milei y, al mismo tiempo, competir con sus propias listas legislativas.
Ese mecanismo forma parte de las negociaciones que los mandatarios provinciales mantienen con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para garantizar su participación en las elecciones de 2027 y conservar espacios de representación en el Congreso.
La primera instancia de discusión parlamentaria será este martes 17, a las 15, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto. Para emitir dictamen se necesitan quórum y diez firmas. Según el relevamiento citado en la información original, el oficialismo contaba hasta el lunes con ocho apoyos: seis propios y dos de aliados de la UCR y de Provincias.
Entre quienes estarían dispuestos a acompañar el dictamen aparecen Eduardo Vischi, de la UCR, y Alejandra Vigo, de Córdoba, aunque esta última pidió modificaciones. El Gobierno todavía buscaba sumar a Rodolfo Suárez, del radicalismo, y a Carlos Espínola, de Corrientes. Flavio Fama, de Catamarca, y Carolina Moisés, de Convicción Federal, aún no habían definido su postura.
La discusión será todavía más exigente en el recinto, donde el oficialismo necesita 37 votos. La intención del Gobierno es convocar a una sesión el jueves 26, antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el día 30.
En esa búsqueda, la Casa Rosada negocia con gobernadores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut, y Gustavo Sáenz, de Salta. También intenta sumar a Misiones, cuyo gobernador es Hugo Passalacqua.
La negociación tiene un antecedente relevante: en 2025, una versión anterior de Ficha Limpia no logró avanzar en el Senado luego del rechazo de los senadores misioneros.
El jueves, Santilli y Martín Menem viajarán a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde coincidirán con varios mandatarios provinciales. Entre los dirigentes radicales con peso en las conversaciones aparecen Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero.
Pullaro manifestó su respaldo a la suspensión de las PASO, aunque desde su entorno aclararon que no negocia de manera individual. La UCR cuenta con diez senadores y su bloque todavía no había debatido formalmente el proyecto. Además, los gobernadores no tienen garantizado el acompañamiento automático de todos los legisladores de sus provincias.
La redacción del borrador y las gestiones políticas estuvieron a cargo de Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quedó al margen de la negociación inicial. En su entorno sospechan que la urgencia del oficialismo por conseguir un dictamen antes de fin de mes podría terminar trasladándole la responsabilidad política de una eventual derrota.
Las primeras críticas públicas llegaron precisamente desde el espacio de la senadora. Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, cuestionó en redes sociales la posibilidad de utilizar colectoras para las candidaturas a senadores nacionales y sostuvo que serían inconstitucionales, al considerar que no puede haber tres senadores de un mismo partido o alianza transitoria.
También expresó reparos Martín Goerling, jefe del bloque PRO en el Senado y representante de Misiones. El legislador cuestionó tanto el procedimiento como el contenido de la iniciativa. Advirtió que su bancada no acompañará modificaciones que se incorporen el mismo día de la reunión de comisión y puso en duda que el oficialismo consiga las firmas necesarias.
Sobre las colectoras, fue todavía más contundente: las calificó como un “disparate” y las comparó con la ley de lemas que rigió en Misiones, al considerar que podrían generar confusión entre los votantes respecto del destino de sus sufragios.
Goerling también planteó objeciones a la suspensión de las PASO. “No hay que tocarlo”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre, al recordar que el PRO había resuelto mantener el sistema en sus últimas reuniones con Mauricio Macri. Sin embargo, dejó abierta una diferencia entre la suspensión aplicada para las elecciones legislativas de 2025 y una eventual modificación para los comicios presidenciales de 2027.
El dirigente reclamó reglas electorales previsibles y cuestionó que puedan cambiar de acuerdo con las necesidades del gobierno de turno. El PRO no tiene representantes en la comisión que tratará el proyecto, pero su posición podría resultar determinante durante la votación en el recinto.
Otro de los capítulos sensibles es Ficha Limpia. El borrador establece que quedarán inhabilitadas para competir por cargos electivos las personas condenadas por cualquier delito doloso, siempre que la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia. La propuesta amplía así el alcance de la iniciativa respecto de la versión debatida en 2025, que estaba limitada a delitos de corrupción.
La restricción alcanzaría a las condenas confirmadas antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Si la confirmación judicial se produce desde el 1° de enero del año electoral, la inhabilitación comenzaría a regir una vez finalizado ese proceso. Además, los recursos judiciales no suspenderían la aplicación de la medida.
El proyecto prevé la creación de un Registro Público de Ficha Limpia a cargo de la Cámara Nacional Electoral y establece que las personas alcanzadas por la inhabilitación tampoco podrán ser designadas en cargos del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados ni empresas con participación estatal.
Este punto también genera diferencias con sectores aliados. La UCR, el PRO y Provincias Unidas habían impulsado una versión más acotada, limitada a condenas por hechos de corrupción.
En materia de financiamiento político, la propuesta fija un límite para los aportes privados de campaña por persona, equivalente al 35 por ciento del valor del módulo electoral multiplicado por la cantidad de electores del año anterior. También exige informar semanalmente las contribuciones y prohíbe contratar servicios de origen extranjero.
El proyecto incluye, además, mayores requisitos para la conformación y el reconocimiento de partidos políticos. Las agrupaciones de distrito deberán contar con afiliados equivalentes al 0,5 por ciento del padrón, con un límite de referencia de dos millones de inscriptos. Para obtener reconocimiento nacional, deberán tener presencia en diez distritos, cuando actualmente se exige un mínimo de cinco.
Para presentar una candidatura presidencial en 2027, cada partido deberá reunir avales equivalentes a la cantidad de afiliaciones exigida en al menos diez distritos. Estas condiciones, sumadas a la eventual eliminación de las primarias, podrían dificultar el ingreso de nuevos espacios políticos y de candidatos por fuera de las estructuras partidarias tradicionales.
Mientras el oficialismo intenta cerrar acuerdos con sus aliados, el peronismo también atraviesa sus propias diferencias. En el Partido Justicialista hubo encuentros para coordinar una postura común en defensa de las PASO. Sin embargo, cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof existen sospechas sobre la posibilidad de que sectores vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa faciliten la aprobación del proyecto mediante la ausencia de algún senador.
En ese sector interpretan que la eliminación de las primarias podría quitarle a Kicillof una herramienta para validar una eventual candidatura y fortalecer el peso de las conducciones partidarias en la definición de las listas.
La discusión excede, por lo tanto, el calendario electoral. Sin PASO, la selección de candidatos quedaría en manos de las estructuras internas de cada partido, mientras que las colectoras permitirían a los gobernadores aliados conservar representación legislativa sin presentar una candidatura presidencial propia.
El primer desafío del Gobierno será conseguir las diez firmas para avanzar con el dictamen en el Senado. Las objeciones de Bullrich, el PRO y otros aliados anticipan una negociación compleja para una reforma que, lejos de reunir consensos, ya abrió una nueva disputa dentro del oficialismo y sus socios políticos.
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