El Municipio de Morón, a partir de una iniciativa impulsada por el intendente Lucas Ghi y en articulación con la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), consiguió una medida cautelar judicial contra ocho organismos de crédito señalados por presuntas prácticas abusivas que afectaban a familias del distrito.

La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Morón, que hizo lugar al planteo presentado por el Municipio para exigir información clara, transparente y detallada sobre las condiciones de los créditos, en el marco de lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor.

La intervención surgió a partir de situaciones denunciadas por vecinos y vecinas que, ante la necesidad de acceder a asistencia crediticia, quedaban expuestos a tasas excesivas, información engañosa y situaciones de hostigamiento reiterado. Según se señaló, estas condiciones podían agravar las dificultades económicas de las familias y profundizar sus niveles de endeudamiento.

En su resolución, el tribunal reconoció que el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz se encuentra protegido por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por la Ley de Defensa del Consumidor.

Asimismo, el juzgado remarcó la importancia de prevenir situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre las personas que recurren al crédito no bancario y que pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad económica.

Como parte de la medida cautelar, las entidades involucradas deberán cesar de manera inmediata la publicación de tasas y costos financieros que no se ajusten al cálculo establecido por la normativa del Banco Central de la República Argentina.

Además, las empresas tendrán que publicar, dentro de los dos días posteriores a su notificación, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) correctamente calculado y con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. La información deberá contemplar los valores mínimo y máximo, todos los gastos asociados a la operación y un ejemplo representativo del costo de un crédito.

La disposición judicial busca que quienes soliciten un préstamo puedan conocer de manera precisa el costo real de la operación antes de asumir una obligación financiera. De esta forma, se apunta a evitar que la falta de información o la presentación confusa de las condiciones contractuales derive en mayores dificultades para los usuarios.

Desde el Municipio de Morón destacaron que la medida representa una acción concreta en defensa de las familias sobreendeudadas y de los derechos de los consumidores y consumidoras. En ese sentido, ratificaron la decisión de intervenir frente a situaciones que puedan configurar abusos dentro del sistema de crédito.

La resolución también plantea la necesidad de que los distintos actores del sistema financiero desarrollen sus actividades con responsabilidad y transparencia, particularmente cuando ofrecen préstamos a personas que recurren a estas herramientas para afrontar gastos y necesidades cotidianas.