La situación de las pequeñas y medianas empresas industriales atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y las perspectivas para el cierre de 2026 generan preocupación en el sector. Un informe elaborado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos advirtió que podrían perderse hasta 500.000 puestos de trabajo formales y desaparecer unas 40.000 unidades productivas si continúan las actuales condiciones económicas.

Según el relevamiento, desde diciembre de 2023 ya dejaron de operar alrededor de 25.000 empresas en todo el país. El dato más significativo se registró durante febrero de este año, cuando se contabilizaron más de 10.000 cierres.

El coordinador del Observatorio, Federico Vacarezza, sostuvo que la situación dejó de responder a un proceso coyuntural y comenzó a mostrar características estructurales. "Los datos muestran que el deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales", afirmó.

El informe señala que trece ramas industriales se encuentran en estado crítico y que más de 77.000 trabajadores ya perdieron sus empleos en la actividad manufacturera. Además, unas 3.100 fábricas cerraron definitivamente sus puertas.

La caída del empleo formal se extiende a buena parte de la economía. De los 948 subsectores relevados, 554 registraron pérdidas de puestos de trabajo. La construcción aparece como el sector más afectado, con más de 81.000 empleos menos, seguida por la industria manufacturera, el transporte y almacenamiento, y las actividades profesionales, científicas y técnicas.

En contrapartida, sólo algunos sectores vinculados a la salud, el desarrollo de software y determinadas actividades agropecuarias mostraron un comportamiento positivo, aunque insuficiente para compensar el retroceso generalizado.

Desde Industriales Pymes Argentinos también remarcaron la falta de canales de diálogo con el Gobierno nacional. El presidente de la entidad, Daniel Rosato, explicó que las empresas debieron recurrir al Congreso para impulsar iniciativas destinadas a aliviar la situación financiera del sector.

"Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras", aseguró el dirigente empresarial, quien reclamó medidas de emergencia para sostener la actividad productiva frente al incremento de las importaciones, la caída de las ventas y las dificultades de acceso al crédito.

La tensión financiera también se refleja en el aumento de los concursos preventivos. Mientras durante 2023 se registraron 82 expedientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 la cifra ascendió a 190. En tanto, durante los primeros meses de 2026 ya se contabilizaron 92 nuevos procesos judiciales.

Desde el sector industrial advierten que muchas empresas atraviesan severos problemas para cumplir con sus compromisos financieros y alertan sobre el riesgo de interrupciones en las cadenas de suministro que abastecen a grandes compañías.

En ese contexto, las entidades empresarias impulsan un proyecto legislativo que contempla la suspensión temporal de embargos y remates para firmas que ingresen en concurso preventivo, con el objetivo de otorgar un margen de recuperación y evitar cierres definitivos.

Los referentes industriales sostienen que la desaparición de una pyme implica mucho más que la pérdida de una unidad económica. Señalan que, una vez que una empresa liquida sus activos y desvincula a su personal, resulta extremadamente difícil recuperar esa capacidad productiva, con consecuencias directas sobre el empleo, la inversión y el desarrollo regional.

La advertencia del sector se produce en un escenario donde la estabilidad financiera convive con una creciente preocupación por el futuro de la producción nacional, en medio de un proceso de fuerte reestructuración económica que continúa impactando sobre la actividad industrial y el mercado laboral.