La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó una ley de amnistía general que abre la posibilidad de liberar a dirigentes opositores, activistas, periodistas, abogados y otros ciudadanos encarcelados por motivos políticos. La norma fue firmada pocas horas después de su aprobación por la legislatura y dispone la revisión inmediata de causas vinculadas a hechos de confrontación política ocurridos desde 1999.

La sanción representa un giro de alto impacto en la política venezolana, luego de años en los que las autoridades negaron la existencia de presos políticos. El cambio se produjo semanas después de la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas, episodio que derivó en la conformación de un gobierno de transición y en una agenda de reformas institucionales.

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Durante el acto de promulgación, Rodríguez afirmó que la iniciativa busca inaugurar una nueva etapa. Sostuvo que el país debe abandonar la intolerancia y avanzar hacia una convivencia democrática. “Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, expresó.

El texto concede amnistía plena a personas investigadas o condenadas por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales, incluidos episodios de violencia, protestas y manifestaciones, así como actuaciones vinculadas a procesos electorales. También contempla casos derivados de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, tras las cuales se registraron detenciones masivas en distintas regiones del país.

La normativa establece, sin embargo, exclusiones explícitas. No podrán acceder al beneficio quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial del país con apoyo de actores extranjeros.

Organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca el debate parlamentario. El vicepresidente director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló que el proceso debía garantizar respeto a los derechos humanos y ofrecer soluciones efectivas a quienes permanecen detenidos sin sentencia firme.

De acuerdo con los registros de Foro Penal, más de 600 personas continúan privadas de libertad por razones políticas. Tras la captura de Maduro, las nuevas autoridades anunciaron un plan de liberaciones progresivas y confirmaron la excarcelación de 448 detenidos, aunque en muchos casos bajo regímenes de libertad condicionada, lo que generó reclamos de familiares y activistas.

En las semanas previas a la promulgación, allegados a los detenidos instalaron campamentos frente a centros de reclusión y realizaron medidas de protesta para exigir la aplicación inmediata de la amnistía. La implementación efectiva de la ley dependerá ahora de la rapidez con la que el sistema judicial revise los expedientes y concrete las liberaciones previstas.