Suscriben la solicitada los más de 140 gremios nucleados en la Corriente federal de trabajadores CGT, CTA de los trabajadores, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (Focava), Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación Civil Argentina de Electrodependientes y la Federación De Trabajadores De La Economía Social (Fetraes), Asociación de Empresarias y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Liga de Consumidores (LIDECO), entre otros. 

Allí, plantearon que, "para determinar el valor de las tarifas, es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad", e indicaron que "un puñado de empresas energéticas reciben desde 2016 ganancias extraordinarias producto de la dolarización de los precios del gas y la electricidad", lo que implicó "una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas".

En el texto de una solicitada anticipada a través de un comunicado de prensa, las entidades y organizaciones firmantes sostuvieron que, "quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas, implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino".

El Gobierno llevará adelante tres audiencias públicas sucesivas para la definición de nuevos precios que regirán a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo y del costo estacional de generación eléctrica, como así también una segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.

En ese marco, entidades y organizaciones señalaron que "el bolsillo de las y los argentinos no soporta otro aumento de tarifas" y afirmaron que las mismas empresas energéticas beneficiadas con "ganancias extraordinarias" desde 2016 "fueron el segundo sector de la economía argentina que más fugó dólares prestados por el propio FMI a guaridas fiscales en el exterior, según el informe oficial del BCRA de 2020".

“El precio de la energía es uno de los valores testigo centrales de la economía. Por ello, las tarifas de luz y gas deben tener un valor razonable, con niveles de ganancias empresarias razonables. Es central que no haya pocos que concentren mucha ganancia, y millones de argentinos y argentinas pobres con tarifas impagables”, remarcaron.

En este contexto, pidieron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, "evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía" y analizaron que, "lo contrario, significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos".
                                               

Gabriela Popia