La secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo Richards mantuvieron una reunión de trabajo en la que establecieron una agenda conjunta con el fin de coordinar acciones para proteger a las y los usuarios del servicio eléctrico en su carácter de consumidoras y consumidores.

En el encuentro participaron la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SADC), Laura Goldberg y la coordinadora de Protección de Usuarios y Usuarias y Participación Ciudadana del ENRE, Soledad Manin, quienes coincidieron en el alto número de reclamos que reciben ambas áreas respecto a las modificaciones de categorías tarifarias, dificultades en la legibilidad de las facturas, incumplimientos en el servicio, entre otros reclamos.

Los funcionarios acordaron unificar y coordinar las respuestas a las y los consumidores para evitar la duplicación de reclamos que se hacen en ambas entidades desde los distintos puntos del país.

Por su parte Español destacó que “el servicio eléctrico es una área sensible para la población por lo que es necesario realizar un monitoreo eficaz de los reclamos de las y los consumidores para que reciban un servicio óptimo” y en este sentido subrayó que “es auspicioso articular acciones en conjunto con el ENRE y potenciar la tarea en defensa de los derechos de las y los ciudadanos”

En tanto Basualdo remarcó que “en el sector eléctrico se acumulan sanciones de manera sostenida, por tal motivo debemos trabajar activamente en la defensa de los derechos de las usuarias y usuarios por lo que es imprescindible el intercambio técnico y la experiencia entre las distintas áreas de gobierno”.

Tras esta reunión los equipos de trabajo elaborarán estrategias conjuntas para llevar adelante la política de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores a nivel federal, a través del intercambio entre los equipos de profesionales de las áreas y mantendrán una línea directa para resolver los casos urgentes para los sectores más vulnerables de la población, con el fin de jerarquizar entre ambos organismos la atención y resolución de los reclamos.